Imagen de archivo de la estación de la ITV de Maó. | Katerina Pu

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El departamento de Movilidad del Consell insular anunció ayer la reactivación, más de siete meses después, del servicio para poder concertar cita previa para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a través de la página web de la empresa concesionaria, TÜV Rheinland Certio. Aunque sin aportar cifras sobre el estado actual de un colapso que en su peor momento llegó a dejar a 8.000 vehículos en lista de espera, en un breve comunicado la institución defendió que la decisión se ha tomado después de avanzar y reducir las inspecciones pendientes durante los últimos meses.

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La suspensión del servicio de cita previa a través de la web se puso en marcha a principios del mes de febrero y fue justificada como una medida extraordinaria para evitar la reserva de citas indiscriminadas, que estaban impidiendo dar prioridad a aquellos vehículos que tenían la ITV caducada y a los que les iba a vencer próximamente, con el riesgo para la seguridad vial que ello conlleva. En un principio se esperaba que durase un par de meses –así lo expresó entonces el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado–, pero finalmente se ha extendido hasta pasada la temporada alta.

Los problemas con el servicio de ITV en Menorca vienen de lejos y se agudizaron con la huelga de dos meses convocada por los trabajadores de las estaciones menorquinas en verano del año 2023. El mal servicio de la ITV se ha convertido en el principal motivo de queja ciudadana ante el Consell y ahora parece que avanza hacia la normalidad.

El apunte

Dos meses para que expire la prorroga del contrato con Certio

El contrato de concesión del servicio de la ITV expiró el 30 de noviembre de 2023, momento en que se aprobó una prórroga de un año a la que le quedan menos de dos meses. El Consell trabaja desde hace tiempo en la redacción de los pliegos del nuevo contrato, pero se da por hecho que no llegarán a tiempo y que se tendrá que volver a prorrogar la concesión a TÜV Rheinland Certio. Legalmente es posible una prórroga máxima de cinco años y desde el Consell estudian si abrir el servicio a la competencia acogiéndose a la liberalización aprobada en el decreto de simplificación administrativa.