«Me remito a lo que me digan los abogados pero, a priori, Joana Gomila no debería pagar nada de su propio bolsillo. Ni ella, ni Juana Mari Pons, ni ningún otro alcalde, debe pagar por lo que no hizo», aventuró Ferrer. «Si el convenio se hizo mal -incidió- en todo caso habría que pedirle cuentas a quien lo aprobó, no a ella».
La actuación del Tribunal de Cuentas contra Joana Gomila causa «tristeza e incredulidad» al actual alcalde, quien considera «increíble que se puedan pedir cuentas a Joana Gomila por un convenio de hace 18 años. Hasta Tráfico te pide si eres tu el que conducías el coche antes de multarte, por si fuera otro el conductor, pero esto parece no valer para el tribunal». Y más en el caso de Joana Gomila, a quien Ferrer tiene por «una persona honesta y legal, que estoy convencido de que habrá intentado actuar con diligencia en sus ocho años al frente del Consistorio».
El Tribunal de Cuentas la hace «responsable» porque Gomila era alcaldesa cuando en 2019 la Sindicatura de Cuentas emitió un informe en el que detectaba irregularidades en diversos expedientes de 2014, entre ellos el del Penya Ciutadella, y no pidió al club que le devolviera el dinero pactado en el convenio.
Gomila asegura que, durante el procedimiento, el Consistorio se ha dirigido al Tribunal de Cuentas para pedirle que archive la causa al no sentirse perjudicado, pero los consejeros han seguido adelante con el proceso y le han exigido un aval sobre su patrimonio personal para resarcir el presunto daño ocasionado a los fondos públicos.
Juana Mari Pons
La predecesora de Ferrer en el cargo, Juana Mari Pons (PP), también entiende que la falta que se imputa a Gomila es de índole administrativa, «pero está claro que no atendió las advertencias del Tribunal de Cuentas y no tomó las medidas que se precisaban. Tenía una fecha límite para requerir la devolución del dinero y no lo hizo».
Para la exalcaldesa popular, «cada cual debe asumir sus propias responsabilidades. No solo somos responsables por lo que hacemos sino, también, por el cargo que ostentamos». En este sentido, Juana Mari Pons recordó que «yo tampoco tengo nada que ver con la investigación de la Guardia Civil sobre la gestión del agua, pero asumí mi responsabilidad como alcaldesa y declaré, aunque llevaba apenas cinco meses en el cargo». Además, apunta, «pedí enseguida que se conectara urgentemente la desaladora para actuar en consecuencia».
27 comentarios
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CIUTADELLENClo gracios des cas es que encara va xerrar amb prepotencia es dia de se investidura i li havien de haver fet pagar es rebuts que va pagar demes,,,o tambe hi havia "portes giratories"?....ja sabem que "el dinero no es de nadie"
La responsabilidad que se deriva para los miembros de las Corporaciones Locales es, por tanto, y en primer lugar, la misma que para todos los demás ciudadanos, es decir, la responsabilidad civil y penal que sea consecuencia de las acciones u omisiones que hayan cometido. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) establece en su art. 78: “1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. 3. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla.” No obstante, se le está aplicando a ella el mismo rasero que ella aplicó a otros funcionarios/as en caso de defensa ante órganos jurídicos y/o administrativos. Que abone la cantidad que le exige el Tribunal y la que requiera su defensa, y si resulta absuelta o sin imputar, que se le reembolse por el ayuntamiento, o en todo caso, por el propio Tribunal al hacerse ellos cargo de las tasas. No hay mas señor Alcalde, déjese de ser abogado de pleitos pobres porque hace un flaco favor al ayuntamiento y sus ciudadanos, y ¡póngase manos a la obra...que le está costando! que ahora es alcalde y no está para estos menesteres. Aquí, quien comete un error lo paga.
Sr alcalde, debe saber y debe preocuparse a partir de ahora de que, los alcaldes y concejales (de todos los partidos) como consecuencia de los actos realizados en el ejercicio de su cargo, pueden resultar responsables y gravar su responsabilidad de toda índole, en aquellos casos en los que el efecto deseado sea contrario a cualquier tipo de ordenamiento. Es decir, las autoridades (alcalde y/o concejales) cometen actos u omisiones generadores de responsabilidad e imputables a los mismos, cuando al realizarlos se hallen investidos del “imperium” propio de la autoridad, y no actuando como cualquier otro ciudadano. Por otro lado, deben enterarse usted de donde trabaja, no es una empresa privada, es el sector público, y por tanto, la parcela de la actividad económica que no busca un fin lucrativo y que está controlada por el Estado y por las distintas Administraciones públicas de rango inferior. Debe tener claro Sr. Sito, que el ayuntamiento es una empresa pública de la que los alcaldes no son los propietarios, somos todos los ciudadanos, seamos de su partido o no, y que usted debe gobernar para nosotros y nuestro bienestar, le guste o no. Por tanto, al no ser usted el dueño, debe continuar con la labor y gestión que el anterior alcalde ha dejado pendiente. No vale entrar y ponerse un punto de inicio y otro final, la faena del alcalde es prolongada en el tiempo, y cuando usted salga, quien venga deberá continuar con los proyectos comenzados que usted haya dejado en los cajones de la mesa.
Que pague como buen ciudadano. Luego, la culpa como siempre será del PP.
Sobre lo ocurrido con Joana Gomila, le pongo un ejemplo sencillito para que lo entienda Sr. Alcalde, el ayuntamiento actual (tripartito) efectúa una compra de material en su primer año de mandato (2024) y es advertido que en el plazo de 10 años ese material caduca, por lo que se le exige que se debe ir retirando durante sus últimos cuatro años de uso. Acaba su legislatura y entra el PP durante la siguiente (2027-2031), y en relación con ese material no realiza ninguna gestión. Seguidamente, acabada la legislatura del PP vence nuevamente la candidatura de izquierdas a través del tripartito (2031-2035), y en el año 2035 le abren un expediente al alcalde por no haber retirado el material en cuestión en el año 2034. Usted se podría quejar que hubo otro equipo de gobierno del PP anterior que no hizo nada, y que desde el año 2031 que gobernaban ellos, ya se podía haber ido retirando dicho material, pero es que ese gobierno no tenía la obligación de hacerlo. Es cierto, que el PP podría haber comenzado a retirar el material en el año de su salida (2031), pero quien tiene la obligación de hacerlo sino se ha hecho por los demás y comete la infracción, es quien no cumple con la retirada total a los 10 años, y ese es el equipo que gobierna en 2034, es decír, el tripartito. ¿Lo quiere entender o no?
Ho paguen de SA NOSTRA cartera. Vergonyós.
Els de mes tenen un slogan inmillorable: MÉS PROBLEMES X MENORCA. Curt i clar.
Josep Ponstienes toda la razón se ha vuelto a meter el sitio para así poder seguir escondiendo las trapichuelas que no son pocas pero el tiempo pone a cada uno en su lugar ya le saldrán
Pero estos de que van? Primero quitan el sitio y luego encima defienden porque led interesa. Vaya hombre
Porque lo de que los alcaldes y políticos tengan que pagar de su bolsillo por sus cagadas no está bien visto, claro