Es la conclusión que emana del primer año de mandato de las nuevas corporaciones surgidas de las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Los síndicos constatan un «bajo cumplimiento» de las administraciones a la hora de gestionar sus demandas
La entidad se siente tan poco tenida en cuenta que acusa a la clase política en general de «no creer en la Sindicatura. Crearon un servicio para atender al ciudadano, pero si no nos responden ni a nosotros en tiempo y forma, ni nos dotan de los recursos que necesitamos, están bloqueando nuestro cometido», concluye Pepa Gil.
Por eso, tanto ella como el otro síndico actualmente en activo, Alfredo Benosa, solicitan que se dé a sus expedientes «un carácter preferente, porque quien acude a nosotros ya lo hace en segunda instancia y acumula así un mayor retraso del que lleva ya sufriendo de la Administración».
«Entendemos perfectamente que el ciudadano pueda tener la impresión de que la Administración no es ágil y no da respuesta a sus quejas, porque nosotros también lo padecemos. ¿Para qué sirve entonces la Sindicatura?», se preguntan.
Este déficit en la atención a sus peticiones «se da indiscriminadamente y sin distinción política», aunque hay ayuntamientos más cumplidores, como el de Ciutadella, y otros que «bloquean» la acción de la Sindicatura.
Lista negra
La lista negra la encabeza el Ayuntamiento de Maó, que todavía tiene una causa pendiente de resolver desde hace más de siete meses. Se trata de la queja formulada por un ciudadano al que se denegó la bonificación en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la que tenía derecho por haber instalado placas solares en su vivienda. «Llevamos desde noviembre con reuniones, conversaciones e instancias, aún sin resultado», lamentan.
Los siguientes incumplidores son los ayuntamientos de Es Mercadal y Es Castell. El primero sigue sin «normalizar» el escudo municipal, que en todas sus formas (tanto en los documentos oficiales como en la cartelería o las redes sociales) luce seis franjas rojigualdas en lugar del blasón cuatribarrado propio de la Corona de Aragón.
El expediente, relata Alfredo Benosa, se le abrió en octubre de 2022, todavía bajo mandato del entonces alcalde Xisco Ametller, se cerró al año siguiente tras reunirse con el nuevo primer edil Joan Palliser y aún sigue sin materializarse, «y sin que el alcalde nos atienda».
En el caso de Es Castell, la principal reclamación no atendida tiene que ver con el uso del artículo ‘salat’ catalán y, por tanto, no oficial, en sus comunicaciones institucionales y por redes sociales, así como en el programa de las fiestas de Sant Jaume del año pasado.
Tres meses
Los síndicos alertan que se está incumpliendo la Ley Orgánica 4/2001 de Derecho de Petición, que estipula un plazo máximo de tres meses para que la Administración dé respuesta a un ciudadano, y extienden su queja al Consell, la entidad que los ampara estructuralmente y que «debería dar ejemplo»
El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran tiene un solo expediente en trámite, Sant Lluís y Ferreries ya no acumulan ninguno, y Alaior sigue siendo el único municipio en el que formalmente la Sindicatura no puede actuar contra las actuaciones que tome la Administración local. Y esto es así porque ha sido el último Consistorio menorquín en adherirse y todavía no ha podido completar la tramitación correspondiente.
Con la mosca detrás de la oreja por lo que ocurre en el resto de instituciones, los síndicos no quieren ver «intencionalidades ocultas» en este retraso.
El apunte
Reprende al presidente y los consellers por usar el ‘salat’ en las redes
Las claves
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Pone placas solares en su casa y Maó no le bonifica el IBI
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El escudo de seis franjas rojigualdas de Es Mercadal
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Es Castell ‘sala’ en sus comunicaciones oficiales y por redes
10 comentarios
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Molt pitjor que un catalanista rabiós és un menorquí qui renega de sa seva llengo i que se n'en fot de que desaparegui per falta d'ús. Per no dir de sa vena dictatorial de colcú que li vol imposar a un altre com es té d¡expressar en ses xarxes socials. Foten oi!
Ja no es tallen un pel ni s'amaguen de voler acabar amb es menorquí o es pla, o amb es "català de Menorca"... ah no, ara es "modalitat del català a Menorca". En 20 anys sa nostra "modalitat" de llengu serà un fòssil irrecuperable per glòria d'aquest catalanisme insoportable i demencial. Quina pena, però no mos podem queixar. Tots tenim sa culpa, per covards.
Pasen y veanNo solo los ayuntamientos… Por desgracia en este país los supuestos servidores son los que exigen ser servidos. Quisiera pagar impuestos como una nórdica -y de hecho en España ya pagamos bastante-, a cambio de tener servicios y prestaciones como las tienen allí.
Otro chiringuito que no sirve para nada, aunque estas personas no estén remuneradas, tienen a una secretaria, asesoría legal, etc., que si cuenta dinero. Estos dos yayos no se dan cuenta que estarían mejor dedicando su tiempo a disfrutar de sus nietos.
Mas allá de las chorradas, el tema de fondo es grave. Los ayuntamiento se pasan por el forro los tiempos de tramitación, los procedimientos, a veces ni siquiera responden o responden con un recorta y pega que incluso se les cuelan datos de otros tramites. Esto es una mala praxis. Si quien ostenta el poder no lo ejerce de acuerdo a la norma no vamos bien. Y si ni siquiera respondes a quien ejerce una labor de control denota muy poco aprecio al ciudadano y a sus derechos.
En mi opinión, creo que de poco sirve.
S'única queixa "normal" és sa de sa bonificació de s'IBI, sa resta no són res més que xorrades. Qui renega des nostre article salat no és més que un traïdor catalanista.
fos sa sindicatura de comptes seria un altre cantar
La existencia de una “sindicatura de greuges” es -lamentablemente- solo un titular mas de este periódico (porque en realidad nació muerta).
¿Pero esta señora quién es para decirle al presidente del Consell cómo debe escribir en sus redes sociales? Es delirante.