Sirva como ejemplo el de Cristóbal Sintes, que en el año 2019 compró una parcela y a finales de 2020 –ante la supuesta inminencia del desarrollo urbanístico– presentó la solicitud de licencia para la construcción de una vivienda. Casi cuatro años después sigue esperando mientras ve como el proyecto que presentó se ha ido al traste. La inflación ha reducido sus ahorros y el encarecimiento de los materiales ha disparado el coste de la vivienda que había proyectado.
Desde el Ayuntamiento aseguran que el problema es que no puede recepcionar las obras de urbanización hasta que no se resuelvan las constantes deficiencias que ha ido alegando. Y defiende que sin la recepción de las obras no puede otorgar licencias de obra, por lo que pone la pelota en el tejado de la junta de compensación de Malbúger, la entidad de propietarios que se han encargado del proyecto de urbanización.
El presidente de la junta de compensación, Pedro Pons, niega la mayor. Asegura –refiriendo su experiencia como alcalde de Sant Lluís– que el Consistorio podría dar licencia de obras a la espera de la recepción final de las obras, condicionándola a la subsanación de las deficiencias ante de dar permiso final para que las viviendas sean habitadas: «Estoy aturdido, no entiendo por qué no dan licencias», explica, subrayando que hace dos años que las obras están terminadas.
En ese tiempo todos los intentos de la junta de compensación han sido infructuosos. El Ayuntamiento ha esgrimido diversas causas. La presencia de okupas en un edificio, la demorada retirada del tendido eléctrico, la iluminación de la zona, el descontrol de la vegetación y la presencia de árboles muertos son solo algunos de los ejemplos de deficiencias que el Ayuntamiento ha esgrimido para negarse a recepcionar la nueva zona. Mientras tanto, los propietarios de parcelas pagan religiosamente el IBI e incluso la tasa de recogida de basuras sin que ni siquiera puedan encargar el comienzo de las obras de sus nuevas viviendas.
