Imagen de la central térmica en el puerto de Maó. | Gemma Andreu

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La Ley de Menorca Reserva de Biosfera deberá ser modificada para evitar que el Estado interponga contra ella un recurso de inconstitucionalidad por invadir las competencias del Gobierno central en aspectos como la gestión de aguas costeras o el puerto de Maó. También le impide, entre otros aspectos, fijar un porcentaje mínimo del 40 por ciento de compra de producto local a las empresas que trabajan para la administración. La rectificación, que será tramitada en el Parlament, afecta a una veintena de artículos y apartados del texto legal, con algunos que se suprimen de raíz.

La Comunidad Autónoma se ha comprometido a introducir estos cambios en el marco de la comisión bilateral entre los gobiernos de Palma y Madrid, que se ha constituido para evitar que el texto promovido en su día por el Consell de Menorca acabe en los tribunales por extralimitarse en sus atribuciones. Se trata del segundo recorte de competencias que sufre la ley, después del que aplicaron la pasada legislatura los grupos políticos en el Parlament que apoyaban al Govern de Francina Armengol.

El primer compromiso asumido ahora por Balears ante el Gobierno de PSOE y Sumar es que la ley deberá especificar que todas las referencias que incluye sobre las aguas costeras de Menorca no serán vinculantes para el Estado, que seguirá ejerciendo sus competencias como hasta ahora en la lámina de agua que está bajo su jurisdicción. Esto limita, en la práctica, el alcance de la norma, que pretendía afectar a toda la extensión de la Reserva de Biosfera, tanto terrestre como marítima.

Así, aspectos como la promoción de artes de pesca de bajo impacto y la limitación de las capturas a especies que se encuentren en buen estado de conservación solo serán de aplicación en aguas interiores. Del mismo modo, el Plan Director Sectorial para la Ordenación del Litoral de Menorca no podrá contradecir en ningún caso los planes de ordenación dictados por el Estado.

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El puerto de Maó, excluido

De forma expresa también queda excluido de la aplicación de la ley el puerto de Maó, que es de titularidad estatal y sobre el que la norma aprobada por el Parlament a principios de año pretendía aplicar medidas que reduzcan las emisiones contaminantes asociadas a las actividades portuarias.

El Consell de Menorca, como administración responsable de desplegar la ley, también deberá comprometerse a respetar la normativa estatal en materia de medio ambiente y en ningún caso podrá disminuir los niveles de protección previstos en las normas de rango superior.

Obligar a comprar producto local

Los gobiernos central y autonómico también han acordado modificar el artículo que permitía imponer a las empresas que trabajan para la administración en el suministro de alimentos -como los comedores escolares o de residencias- proveerse en un 40 por ciento con producto local. Dicho porcentaje se reduce ahora al 5 por ciento, y se justifica no en el hecho de que sean productos de Menorca sino por la deseable reducción de la huella de carbono.

En cuanto a las competencias a transferir al Consell, el Govern se obliga a respetar los procedimientos previstos en la normativa estatal y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, salvaguardando en todo caso «las competencias del Estado en materias de pesca en aguas exteriores, marina mercante y puertos de interés general».

El Gobierno central tampoco estará obligado a participar en las mesas de participación previstas en la ley, de manera que su presencia tendrá carácter voluntario.