La consellera Bàrbara Torrent y la diputada Pilar Carbonero

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El PSOE Menorca ha denunciado este viernes la decisión del Govern de cerrar la Oficina Anticorrupción que, según han manifestado, «representa un retroceso grave en la lucha contra la corrupción y debilita los principios de la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública».

Los socialistas han acusado al PP «de volver a sus orígenes, eliminando un órgano de transparencia y ética que tenía que controlar la buena práctica política». Asimismo, han recordado que la Oficina Anticorrupción de Balears, que fue creada con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar los casos de corrupción en el ámbito autonómico, ha ejercido un «papel fundamental» en la promoción de la ética de las instituciones públicas y la protección de los intereses de los ciudadanos.

«Su cierre es un ataque directo a la integridad de nuestras instituciones y a la confianza de los ciudadanos en el sistema político, además de ser la única Comunidad Autónoma que lo ha hecho».

El PSOE ha subrayado que en Menorca «ya se han visto algunos casos de corrupción que hicieron tambalear la confianza en el Consell». En esta línea, se han referido en concreto a un cargo público de la máxima institución insular que aprovechó su condición de directora insular para celebrar, en un lugar de titularidad pública, una fiesta de cumpleaños privada.

De este modo, el PSOE ha instado al Govern a reconsiderar el cierre de la Oficina Anticorrupción, así como «a fortalecer, en lugar de debilitar, la lucha contra la corrupción en nuestra comunidad».

«Exigimos transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, así como la protección de los derechos de los ciudadanos», han subrayado desde la formación. Además, han pedido que el PP de Menorca se manifieste en contra de esta imposición «y vaya a favor de los intereses de todos defendiendo el objetivo por el cual fue creada la Oficina Anticorrupción».

Los socialistas han criticado que el PP «vuelve a sus peores tiempos, eliminando cualquier organismo de control, transparencia y ética y saltándose todos los imperativos de derecho, incluido los europeos, que establecen la obligación de disponer de canales de información y denuncias sobre el incumplimiento de la ley».