Antes de las elecciones, el anterior equipo de gobierno abrió, a instancias de Ciudadanos, un expediente a la concesionaria, que ha terminado devolviendo al Consistorio otros 23 nichos en compensación por los que se quedó para venderlos de forma ilegítima. Pero fuentes municipales creen que se trata solo de la punta del iceberg de un negocio que, de forma reiterada y sin el debido control por parte de la administración, Edifincas habría llevado a cabo para seguir comerciando de manera fraudulenta con los títulos funerarios, aún cuando tiene prohibida formalmente esta práctica desde hace 18 años.
De hecho, la empresa estaba obligada al término de la concesión a entregar al Ayuntamiento todos los terrenos, instalaciones y las sepulturas que no se hubieran vendido. Sin embargo, en el acta de entrega no figuraba ninguna unidad de enterramiento, dando a entender que se habían vendido todas. Pero al menos 23 se vendieron con posterioridad, y no son las únicas.
El número, indeterminado, de transmisiones se habría formalizado una vez agotada la concesión. Los administradores de Edifincas las habrían seguido explotando, incumpliendo así el contrato vigente desde 1991, cuando se puso en marcha el nuevo cementerio.
Los técnicos municipales no han calculado el importe exacto de las 23 sepulturas que ya se ha constatado que se hurtaron al bien público, pero el valor de cada una de ellas puede alcanzar hasta los 23.000 euros que cuesta un panteón medio en el camposanto. Lo que sí han hecho es resaltar los claros «indicios penales de fraude» y «enriquecimiento ilícito» que se deducen de la actividad de la empresa, hasta el punto de proponer que los hechos sean denunciados ante la Fiscalía.
Pero los políticos que conforman el nuevo gobierno municipal en minoría prefieren ser más comedidos, al menos de momento. «No descartamos emprender la vía judicial y llevar la causa a los tribunales, pero antes agotaremos todas las opciones para que la empresa reaccione», dice la concejal Àngels Torres. «Iremos a las buenas para alcanzar un acuerdo e intentar recuperar así este patrimonio de todos».
Claro que el primer requerimiento de información documental que el Consistorio formuló a la empresa en marzo ha resultado nulo. En los dos meses de plazo, Edifincas no ha dado respuesta a la petición municipal, que sopesa requerir de nuevo a la antigua concesionaria para que detalle todas las operaciones de compraventa realizadas desde que en 2005 expiró el contrato, y no solo las 23 transmisiones intervivos ya detectadas estos cinco últimos años.
«Todo el proceso ha sido irregular», remarca la concejal, quien culpa también de ello a los anteriores gobiernos municipales «que durante tantos años han permitido y pasado por alto estas prácticas fraudulentas». Unos presuntos ilícitos que, «a su debido tiempo», también podrán recibir el oportuno procedimiento sancionador.
«La empresa tiene el deber de dar facilidades y colaborar», apunta Torres quien advierte que, «en caso contrario, deberá ser el propio ayuntamiento el que investigue. Será muy laborioso ver qué nichos se han vendido y a quién, pero es un proceso que vamos a llevar a cabo de todos modos si la empresa no colabora para constatar el alcance real de las irregularidades».
El reglamento en vigor prohíbe que una sola persona pueda ostentar más de dos unidades de enterramiento. No obstante, según se desprende de la documentación municipal, el administrador de Edifincas al menos se apropió de tres, uno de sus socios de siete y un trabajador puso cuatro a su nombre.
El administrador de Edifincas: «¿O es que un familiar mío no puede comprar una sepultura?»
El administrador único de la empresa Edifincas Menorca, Francesc Cavaller, niega que se haya comercializado con las sepulturas, «pues las entregamos como correspondía al Ayuntamiento de Ciutadella. ¿O es que un familiar mío no puede comprar una sepultura?. Tendrá tanto derecho como cualquiera», remarca. Cavaller también dice ser incierto que él o personas de su entorno familiar y laboral posean más de dos unidades a su nombre. «Hace ya mucho tiempo que no tenemos nada que ver con la gestión del cementerio».
El apunte
Ya le quitó la gestión del servicio por sacar y trasladar cadáveres de sus tumbas sin solicitar permiso
14 comentarios
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Fan falta politics com en Joan Triay.
TRIAY ont ets ?
Sembla un evident presumpte delicte continuat, un presumpte frau o estafa en perjudici de s'ajuntament, o sigui en perjudici de tots es contribuents de Ciutadella. "De hecho, la empresa estaba obligada al término de la concesión a entregar al Ayuntamiento todos los terrenos, instalaciones y las sepulturas que no se hubieran vendido. Sin embargo, en el acta de entrega no figuraba ninguna unidad de enterramiento, dando a entender que se habían vendido todas. Pero al menos 23 se vendieron con posterioridad, y no son las únicas". A veure que fan es polítics davant açò, perquè es moltíssim greu.
"Los políticos que conforman el nuevo gobierno municipal en minoría prefieren ser más comedidos, al menos de momento". "No descartamos emprender la vía judicial y llevar la causa a los tribunales, pero antes agotaremos todas las opciones para que la empresa reaccione", dice la concejal Àngels Torres. "Iremos a las buenas para alcanzar un acuerdo e intentar recuperar así este patrimonio de todos". Viendo al equipo de gobierno del Pp Ciutadella y después de las palabras de la regidora Àngels Torres, tengo serias dudas que actúen en benefició de los ciudadanos de Ciutadella.
En este pais no se salvan ni los muertos......
Es frau està molt clar. Fins es punt de que fa poc Edifincas "ha terminado devolviendo al Consistorio otros 23 nichos en compensación por los que se quedó" i va vendre entre 2018 i 2021, es a dir que el 2018 encara tenien almenys 46 sepultures que es van quedar irregularment i es fet de tornar-ne 23 per compensar ses 23 venudes i que s'havien quedat irregularment confirma es frau. Aquests d'Edifincas mai pagaran tot es mal que han fet a Ciutadella i a tots es ciutadellencs. Mai han respectat cap contracte des que han firmat amb s'ajuntament, cap ni un i no han donat més que disguts. A veure si d'una vegada per sempre s'ajuntament es de posa a puesto i defensa a sa gent de Ciutadella de tots aquests atropells.
La UTE de la qual formava part aquesta empresa ja va cometre un munt d'irregularitats, com cobrar a sa gent uns permisos que no obtenia. Denunciada per sa Associació en Defensa de sa Propietat i UPCM va ser condemnada a pagar més de 170.000 euros i li va ser rescindit es contracte de concessió. Sa UTE va recórrer la rescissió i com és natural després de totes ses irregularitats que havien perpetrat, van perdre. Es veu que avui en dia encara en fan de ses seues, sempre perjudicant al poble de Ciutadella. S'ajuntament ha de denunciar als tribunals i exigir sa devolució de fins es darrer cèntim de sa doblerada que li han fotut.
Llueve sobre mojado en Ciutadella con las fechorías de edifincas y compañía por las que fueron oportunamente denunciados, debidamente sancionados y les tuvieron que rescindir el contrato de concesión funeraria por "incumplimiento culpable".
Es una vergüenza la pasividad municipal hasta ahora, a finales de diciembre con el anterior equipo de gobierno Es diari ya informaba de que: "En el más reciente de los informes se revela que solamente entre los años 2018 y 2021 se llevaron a cabo 23 transmisiones en las que está implicada la antigua concesionaria. Entre los vendedores figuraban nombres tan vinculados con la empresa como el de su representante y apoderado, que trasmitió 3 sepulturas que tenía a su nombre en ese periodo, o el de un socio de la misma empresa, que figura como vendedor de 7 sepulturas..." Y encima con recochineo: "Uno de los informes entregados al equipo de gobierno subraya «el hecho de que el titular de la antigua concesión es el mismo que hace de interlocutor en relación a las transmisiones y que su dirección es la de notificación de las mismas»." Espero que este equipo de gobierno empiece a defender los intereses de los ciutadellencs, denuncie los presuntos delitos y se persone en el proceso para exigir que se restituyan todas las cantidades defraudadas, que sumarán una cantidad muy elevada si, solo entre 2018 y 2021 se han detectado 23 operaciones irregulares y algunas de ellas ya importan cada una más de 20.000 euros.
Con lo que se ha destapado, la concejala tiene la obligación de ir a la fiscalía y o al juzgado. A ver si este equipo de gobierno informa con trasparencia del presunto fraude en el cementerio nuevo y del estado del expediente abierto al respecto. Obviamente clama al cielo, que para no devolver al Ayuntamiento las sepulturas no vendidas al finalizar la concesión, según lo estipulado en el contrato, según ya informaba a finales del año pasado es Diari, vendieran "simuladamente diferentes sepulturas a particulares estrechamente relacionados con la empresa con el objetivo de no tener que ponerlas en manos públicas, «con la cual cosa, después han seguido explotando ellos mismos la venta de los nichos»". Una presunta estafa como una catedral.