El actual director territorial, Joan Marquès (dcha), en su último acto

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La Dirección Territorial de Educación en Menorca ha sido rebajada a Delegación Territorial, integrada en la Conselleria de Educación y Universidades, en el decreto de presidencia del Govern balear por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica de las consellerias con el nuevo Ejecutivo de Marga Prohens. Así, la Conselleria de Educación y Universidades se conforma con una secretaría general y cinco direcciones generales, pero además integra las delegaciones territoriales de Educación en Menorca, Eivissa y Formentera, las cuales dependen del conseller y ejercerán funciones de «coordinación administrativa dentro del ámbito educativo de las respectivas islas», en coordinación con las direcciones generales.

Este cambio de denominación choca con el despliegue de la Ley de Educación de las Illes Balears 1/2022, de 8 de marzo, y el decreto aprobado el 26 de septiembre de 2022 cuyo desarrollo llevó a constituir las direcciones territoriales en sustitución de las delegaciones anteriores. El cambio implicó el cese de Joan Marquès como delegado para que a continuación asumiera el cargo actual de director territorial de Educación que ahora aún ostenta. Además la nueva normativa confiere a las direcciones territoriales de más capacidad administrativa para aproximarse a la realidad educativa de cada isla. Entre las competencias que tiene la dirección territorial está coordinar el proceso de escolarización y matriculación.

La estructura de las consellerias del Govern, incluido este cambio nominativo, se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del día 10 de julio. El actual director territorial de Educación, Joan Marquès, desconocía este miércoles si esta designación de órganos implica un cambio más profundo en la estructura de la Conselleria de Educación, o si solo se trata de un error.

Lo que sí apunto es la modificación que experimenta la Inspección Educativa, que pasa de depender directamente del conseller de Educación a integrarse en la Dirección General de Planificación, Ordenación e Infraestructuras Educativas, como una de las competencias asignadas al director general, algo que considera que merma la autonomía e independencia de la inspección.