Primer menorquín que se acoge a renegociar a la baja su hipoteca

Con esto, el afectado podría renegociar la cuota mensual al sufrir una situación de vulnerabilidad económica. Así lo determina el informe realizado por el matemático Guillem Bou a petición de la Dirección General de Consumo del Govern balear. «La indefinición en estas hipotecas permite renegociar las cuotas mensuales en caso de necesidad», insiste Bou, que se refiere a la falta o errata de la fórmula o pacto financiero que determina el importe de las nuevas cuotas cuando se cambia el tipo de interés del préstamo. El informe señala, precisamente, que en algunos casos la fórmula ni siquiera aparece o es errónea. En otros, los conceptos son incomprensibles y esto también es irregular.

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Alerta en 2002

El Banco de España ya alertó en 2002 que sin una fórmula o método explícito en el contrato no hay un importe pactado de las cuotas y que, por tanto, no puede imponerse un sistema de amortización por parte de la entidad. «Siempre debe haber una negociación y el cliente tiene que estar de acuerdo», recuerda Félix Alonso. Tanto la Asociación Hipotecaria Española como el Banco de España publicaron documentos en los que ya se hablaba de «contratos sin fórmula». Uno de ellos es el préstamo hipotecario Redal (del latín Redito ad Libitum, que significa «devolución a voluntad»), que es el que está en el punto de mira por mostrar una clara indefinición de las cuotas a pagar por capital o intereses que hace que para el cliente sea imposible definir las cuotas futuras.

«A pesar de conocerse esta situación no se hizo pública y, si hubiera habido transparencia, se podrían haber evitado muchos desahucios», explica Félix Alonso, director general de Consumo del Govern balear, que lamenta que «ha habido mala fe, las entidades financieras deberían haber dado el mayor trato y la mayor protección a los clientes». Si bien el Banco de España, organismo supervisor, era conocedor de la problemática al menos desde 2002, no actuó hasta 2011, cuando creó un marco normativo específico a través del cual obligaba a los bancos a proveer de una mayor claridad las condiciones de sus productos financieros.