Cada vez son más las turbulencias de toda índole que se expanden a nivel global y las tensiones internacionales que obligan a familias de diversos territorios a huir de sus hogares y buscar protección en otros países. Centenas de migrantes que cruzan las fronteras tratando de reconstruir sus vidas aterrizan en Menorca, en muchas ocasiones sin saber a ciencia cierta si podrán regularizar su situación por la normativa y los requisitos administrativos.
«En los últimos años se había mantenido bastante estable la llegada de inmigración», comenta Bàrbara Torrent, consellera de Bienestar Social, que recuerda que Menorca es la isla balear en la que se concentra menos población extranjera. Sin embargo, el alza de la inseguridad y los episodios particularmente convulsos en América Latina han impulsado las migraciones desde esta región y apunta Torrent que el año pasado ya se detectó un incremento de solicitantes de asilo de Venezuela.
Dificultades administrativas
Quien concede o deniega los permisos son las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno. «Se suelen denegar muchas solicitudes de protección internacional porque es muy difícil acreditar que hay una violación de los derechos fundamentales», explica Manuel Pecharromán, abogado de derecho de extranjería. Demostrar que una persona sufre persecución por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual complica a menudo la posibilidad de residir de forma legal en un territorio distinto al originario. «Todas las que vienen de países democráticos reciben una denegación del permiso», concluye, en este sentido, Pecharromán.
Existen, también, los casos en los que el procedimiento para establecerse de forma regular en Menorca no son los adecuados. «No es lo mismo una persona que huye por motivos económicos que una que se ve abocada al exilio porque su vida corre riesgo», especifica la consellera Bàrbara Torrent. En cualquier caso, la petición de asilo se convierte para muchos en la primera opción a tramitar para lograr residir y trabajar de forma legal, al menos, temporalmente, hasta que se resuelve la solicitud. «Se corre la voz y lo piden [el asilo], el problema viene cuando se lo deniegan y procede la expulsión», aclara el abogado Manuel Pecharromán.
Autorizaciones por arraigo
Desde el momento en que se produce la denegación, la persona extranjera se encuentra en situación irregular. En la Isla, según cifras ofrecidas por los técnicos de la Oficina de Información al Inmigrante (OFIM), tan solo un 35 por ciento de los usuarios que atienden cumplen con los requerimientos legales, mientras que el resto, un 65 por ciento, no disponen de papeles. «Ha aumentado el número de personas migrantes que están en una situación irregular sobrevenida», cuenta uno de los técnicos de la OFIM, Marcos Puig.
Se refiere, precisamente, a aquellos extranjeros que en algún momento han tenido un permiso de residencia o trabajo y no pueden renovarlo por algún motivo. Es entonces cuando, después de un largo tiempo de espera, surge la posibilidad de regularizar la situación administrativa mediante una autorización de residencia por arraigo social (si el interesado lleva al menos tres años en el territorio y tiene un contrato de trabajo u otros medios de vida) o arraigo laboral (si ha residido en el lugar un mínimo de dos años y ha trabajado por lo menos seis meses). También pueden tramitar el permiso de residencia como familiar de un ciudadano de la Unión Europea, aunque el 90 por ciento, reconocen desde la OFIM, consigue la documentación por medio del arraigo.
El apunte
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