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Desde el 1 de enero los bares y restaurantes del casco antiguo de Ciutadella deben cumplir la modificación de la ordenanza municipal aprobada en el pleno del pasado octubre que les obliga a disponer de un vigilante de seguridad en la puerta si pretenden mantenerse abiertos entre la 1.30 y las 3 de la madrugada. La norma persigue asegurar el descanso de los vecinos evitando los ruidos que se generan en el exterior de estos locales.

La medida, que salió adelante con abiertas discrepancias en el equipo de gobierno municipal, ha derivado en la demanda contencioso-administrativa anunciada el mes pasado por la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Menorca, contra el Ayuntamiento. Sus alegaciones no fueron atendidas de ahí que el colectivo adscrito a PIME haya optado por la vía judicial solicitando el expediente con el que sustanciará la demanda. Además ha pedido al juez que suspenda cautelarmente la medida hasta que resuelva.

Los empresarios consideran que la norma pretende una reducción encubierta de horarios para los locales del centro y que perjudica a los que no tienen actividad musical. De momento algunos ya han optado por cerrar a la 1.30 aunque quieren una solución con vistas a la llegada del buen tiempo.

La Asociación, indican fuentes de PIME, afirma que el Ayuntamiento se excede de sus competencias fijando a través de una ordenanza reguladora de horarios de locales que son de oferta turística complementaria, espectáculos públicos y actividades recreativas del municipio, una nueva obligación de servicio de admisión y control de ambiente interno que es de competencia autonómica regulada por ley, y que nada tiene que ver con los horarios.

Recuerda que el Decreto 41/2011 de la ley balear, sobre los servicios de admisión y control de ambiente interno, solo dispone que tengan que contar con ellos los locales de actividades permanentes recreativas musicales de salas de fiesta, baile, discotecas, cafés concierto y similares, pero no los bares, cafés, restaurantes o cafeterías.

La ordenanza modificada, en cambio, prevé que los establecimientos del conjunto histórico de Ciutadella tengan que tener personal de admisión acreditado o seguridad privada. Sus funciones serán las de regular la entrada y la salida de personas , advertir la prohibición de sacar consumiciones a la calle o velar porque la puerta esté cerrada, entre otros cometidos. Todas estas funciones, sustenta la asociación, ya están recogidas en el mismo decreto que solo es aplicable en las actividades permanentes que realizan las salas antes reseñadas. «Una ordenanza municipal no puede contradecir por el principio de jerarquía normativa lo establecido por una ley autonómica».

Formación del personal propio El equipo de gobierno municipal ha citado el lunes a la asociación y en concreto los propietarios de locales del centro de Ciutadella implicados para proponerles soluciones que les permitan impulsar la formación de sus propios empleados como personal de admisión y control, lo que reduciría los gastos que suponen contratara un vigilante de seguridad.

La competencia en la acreditación para poder ejercer este cometido corresponde al Consell pero el curso de formación lo realizan academias privadas.

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