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Desde este viernes y durante un máximo de cuatro años no se podrán crear nuevas plazas turísticas en Menorca. Tampoco en el resto de Balears. Así lo determina el decreto ley aprobado por el Govern que pretende, según la presidenta Francina Armengol, que el principal motor económico de las Islas apueste«por la calidad más que por la cantidad».

En este periodo de tiempo, el Consell llevará a cabo un análisis para determinar, a través del PIAT (Plan de Intervención en el Ámbito Turístico) un techo óptimo de crecimiento de plazas turísticas de cara al futuro. Según la presidenta Susana Mora, este tope se discutirá en paralelo a la aprobación del nuevo Plan Territorial Insular en trámite, sin que esto afecte su contenido actual, ya que «tal y como está no contradice para nada la moratoria».

Mora recalca que el PTI determina los crecimientos potenciales por zonas, «hasta ahora el único tope ha estado ligado al territorio, no lo hemos limitado en general sino que hemos dicho dónde lo queriamos», mientras que el máximo de plazas a establecer en estos próximos cuatro años será único para el conjunto de la Isla. El decreto ley indica que tendrán que crearse bolsas de plazas para controlar este parámetro, «decidiremos si fijamos este tope y cómo lo gestionamos», comenta la presidenta. Ahora mismo el PTI de Menorca deja un margen de crecimiento de unas 11.500 plazas solo en hoteles de costa.

No paraliza las tramitadas

Precisamente, en Mallorca, Eivissa y Formentera la moratoria se realiza mediante el bloqueo de las bolsas de plazas, pero en Menorca esta figura no existe por lo que se decreta la suspensión de nuevas autorizaciones. Esta paralización no afecta a las licencias aprobadas en el último medio año o que estén en trámite, a las obras en marcha, o a las declaraciones de interés general ya tramitadas en el caso del turismo rural.

En este periodo de tiempo sí se permite la ampliación de establecimientos hoteleros si se justifica una modernización y mejora del servicio. Se mantiene, en el caso de Menorca, el máximo del 10 por ciento de superficie y la obligada reducción del 5 por ciento en el número de plazas.

La modernización, la circularidad, la calidad, la mejora de las condiciones de los trabajadores y el cuidado al medio ambiente son, de hecho, los otros ejes principales del contenido del decreto ley que modifica la Ley de Turismo de 2017, y que se tramitará como proyecto de ley para que se someta a debate parlamentario.

Cada empresa hotelera deberá elaborar lo que se denomina «plan de circularidad», relacionada con eficiencia energética, reciclaje de residuos, consumo de productos de kilómetro 0 o reducción del uso de envases, entre otros aspectos. Se tendrán que eliminar en el plazo de un año las climatizaciones con fueloil o gasoil y desaparecen los objetos de aseo personal de un solo uso que el cliente suele encontrar en las habitaciones, además de otros requisitos. También desaparecen los dispensadores de alcohol para los clientes.

Para contribuir a facilitar la adaptación de los alojamientos turísticos a las exigencias del decreto ley, la presidenta Francina Armengol anunció ayer un paquete de ayudas directas al sector de 60 millones de euros para facilitar la formación y la estrategia circular. Todo ello porque «nos queremos convertir en el primer destino circular del mundo», afirmó Armengol.

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