La complejidad de los expedientes dificulta que se acaben cerrando de forma definitiva.

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El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha acentuado en 2020 la tendencia por la cual tramita un mayor número de expedientes pero acentúa las dificultades para el cobro de las sanciones impuestas. Por este motivo, en las cuentas de 2021 este organismo insular se propone la contratación de un nuevo auxiliar administrativo que debe agilizar la resolución de los casos en los que interviene, que además son cada vez más complejos.

En el informe económico financiero que acompaña a los presupuestos de 2021 se indica que los derechos de cobro recaudados en 2019 fueron de 195.137,36 euros, mientras que a unas semanas de cerrar el presente ejercicio, y con un cálculo todavía provisional, este año tan solo se han alcanzado los 69.173,7 euros, una de las cifras más bajas de la época más reciente. Cabe recordar que en 2019 se impusieron multas por un importe que rondaba los 5 millones de euros, lo que evidencia las dificultades que existen a la hora de ingresar las sanciones.

El presupuesto del Consorcio para 2021 se sitúa así en los 452.814 euros, de los que 390.000 euros corresponden a personal. Supone un incremento significativo respecto a los 387.265 euros de los presupuestos de 2020, con 324.000 euros dedicados a las nóminas de los trabajadores. A la nueva plaza de auxiliar administrativo cabe sumar el aumento retributivo del 0,9 por ciento.

La previsión de ingresos es de 227.814 euros, lo que sin duda, de confirmarse, supondría un salto adelante importante en la efectividad en el cobro.