A la derecha, Maria Camps y Lluís López, en una reunión de Junts per Lô | Josep Bagur Torres

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Las críticas del equipo de gobierno en Alaior van ahora un paso más allá y no tan solo acusan al concejal de Junts per Lô, Lluís López, de haber consultado documentos del Consistorio sin la preceptiva autorización gracias a un fallo informático, sino de hacerlo con fines personales.

Según denuncia el Partido Popular, López habría accedido a la documentación relativa a las obras de su propio vecino, además de consultar otros proyectos de más envergadura como la reforma de los hoteles de Meliá o el expediente de disciplina urbanística de otro alojamiento de interior, entre otros.

Motivo que les lleva, exponen, a exigir con más fuerza la dimisión del concejal. «El derecho de acceso a la información es para el control del gobierno y, en ningún caso, para el uso personal. Por eso, desde el PP pedimos que si Junts per Lô no ha sido capaz de exigirle su dimisión, lo haga él mismo por responsabilidad propia», aseveran en una nota de prensa.

Por otra parte, el PP también rechaza el argumento de la oposición que justifica el acceso a unos documentos que, de cualquier forma, habrían obtenido días después, a pesar de que el fallo informático les permitiera adelantarse, ahorrando tiempo y trámites burocráticos. «Aunque tuvieran derecho a tener la información si la piden, qué tipo de ejemplo damos cuando nos saltamos deliberadamente leyes, normas y otros procedimientos», se pregunta el PP que, automáticamente, tacha el hecho de «muy grave» e «inadmisible», sobre todo, en la parte relacionada con «datos privados de sus propios vecinos para fines que no son de control al gobierno».

Además, desde el PP también recuerdan que a las citadas circunstancias debe añadirse que Junts per Lô «filtrara en diversas ocasiones las informaciones obtenidas de forma ilícita a través de las redes sociales» con «fines políticos partidistas» y para «atacar al equipo de gobierno».

Por último, concluyen que la única coincidencia entre la consulta del centro de salud y el acceso al registro es que fueron realizados sin cobertura legal, en respuesta a la conclusión de Junts per Lô, que asegura que todo se trata una maniobra del PP para desviar la atención de la consulta.

«Las acusaciones del PP buscan prender el fuego y desprestigiar»

La portavoz del grupo municipal Junts per Lô, Maria Camps, asegura que no son responsables de nada de lo que se les acusa. Defiende que su formación siempre se ha centrado en los temas que forman parte de sus competencias como representantes públicos y que, en ningún caso, se ha utilizado información con fines personales o de manera interesada. «Y si es así... ¿cuál es el beneficio que se nos atribuye?», se pregunta.

Sobre Lluís López, Camps defiende que es una persona honrada y entregada a su labor como edil y que, por si fuera poco, «no tiene ningún vecino en obras». Camps concluye que las acusaciones de PP solo buscan «prender el fuego y desprestigiar a Junts per Lô», pero, asegura, «somos plenamente conscientes de lo que hemos hecho y de lo que no».