Los aspirantes a las ayudas esperan una aportación de la administración para hacer frente a los alquileres del año pasado | Gemma Andreu

TW
7

Diez meses después de la convocatoria de las ayudas para el pago del alquiler de la vivienda por parte del Govern, en virtud de un convenio suscrito con el Gobierno central para el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, los inquilinos solicitantes continúan sin saber si son merecedores o no de las mismas. Fuentes de la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad aseguran que se están tramitando en el conjunto de Balears unas 4.700 peticiones, por lo que en la Isla es muy probable que los afectados por este atasco administrativo sean varios centenares. El plazo para la presentación de solicitudes se cerró el 30 de octubre de 2018, con un plazo establecido por normativa para resolverlas de tres meses. Desde entonces han pasado ocho meses. Cinco de retraso. Las bases de la convocatoria explicitan que el silencio administrativo es negativo, pero desde la Conselleria llaman a la calma al respecto. No será así.

Esta gran cantidad de solicitudes presentadas es una de las causas de la demora, apuntan las mismas fuentes. La convocatoria en cuestión corresponde al ejercicio 2018 (año natural), y se pagan siempre a los inquilinos a año vencido, es decir, dentro del año siguiente, pero desde la Conselleria no esconden que hay un retraso al que se está intentando poner solución con todos los medios disponibles. De hecho, comentan que la previsión actual es que las listas provisionales de beneficiarios se publiquen a finales de la semana que viene, para posteriormente abrir un periodo de alegaciones, y tramitar después una lista definitiva que otorgue ya, de una vez, el derecho al cobro de las ayudas que se solicitan para poder hacer frente al precio de un alquiler. Es muy probable que la concreción definitiva de las ayudas se solape prácticamente con la convocatoria correspondiente a 2019. La del año pasado se publicó a 31 de agosto.

El alud de peticiones no es la única causa apuntada por la Conselleria para justificar la demora en la concesión de las ayudas. Se produjeron en 2018 unos cambios en los porcentajes de alquiler que se pagan a jóvenes y personas mayores en el primer tramo de la renta mensual (se amplió del 40 al 50 por ciento), lo que motivó un contratiempo con el programa informático que gestiona estas convocatorias que se ha tenido que solventar caso por caso, con mayor lentitud.

Además, explican fuentes del Govern balear, se ha intentado que personas que no cumplen estrictamente con los mínimos de renta exigidos para la concesión de las ayudas (hay máximos y también mínimos establecidos en las bases) puedan también beneficiarse de ellas, siempre y cuando se demuestre que están haciendo frente en estos momentos a rentas muy bajas, que se adecuan a estos ingresos tan reducidos. Esta voluntad de incluir a más potenciales beneficiarios, con la necesidad de cotejar ambas variables, sería la tercera causa de la demora.