El Consell elige 16,5 millones seguros de anticipos ante la incertidumbre judicial

Cristina Gómez, consellera responsable de las cuentas públicas de la institución insular, es contundente. «No renunciamos a nada, estamos convencidos de tener razón en el litigio con el Govern a cuenta de los anticipos financieros pero también es cierto que nos hallamos en un contexto judicial sin precedentes, de absoluta incertidumbre y el riesgo de perder existe», analiza.

Argumenta que se habría defendido la posición del Consell en el pleito «con toda la fuerza y literatura jurídica posible, pero eso no quita que el resultado siga siendo incierto», causa definitiva de que entrara finalmente en la negociación por las indemnizaciones urbanísticas.

En esa disyuntiva, considera que optar por la seguridad, el dinero cierto, frente a un resultado judicial incierto en los tribunales es una «decisión responsable».

Gómez echa mano de su experiencia procesal, «en Derecho puedes hacer una prospección de resultados sobre los antecedentes, pero aquí no los hay», señala para reafirmarse en la lección de responsabilidad que, desde su punto de vista, supone el acuerdo del martes.

En lenguaje diplomático se habría llamado «paz por territorios» y en lenguaje de calle se recurre al «más vale pájaro en mano que ciento volando», una posición conservadora. Se reconoce el derecho del Consell a ese capital y este retira el contencioso. La única diferencia es que los 8,5 millones pendientes de recibir de la Comunidad Autónoma en vez de ir a la caja única serán finalistas y se dedicarán a pagar la indemnización pendiente de Cesgarden, que actualmente está establecida en 23,6 millones.

La consellera lo describe de forma más simple, «debíamos 8 millones y queríamos otros 8,5 más pero no teníamos seguridad plena de ello. Ahora no debemos 8 y tenemos los otros 8,5», relata. Añade que cuando se trata de negociaciones sobre dinero o sobre números resulta más fácil. «Lo de menos es que se llamen ‘bestretes' o indemnizaciones». Sobre la bondad del acuerdo remite al voto del PP, que también fue de apoyo a esta solución surgida de la iniciativa de Més per Menorca, que comenzó solicitando una ayuda de 8 millones más 6 por las dos sentencias urbanísticas condenatorias y, tras la vinculación de los anticipos y la negociación entre Consell y Govern ha acabado en 8 más 8,5.

Recuerda además la coincidencia que ha habido siempre entre los grupos políticos del Consell en pedir la colaboración financiera del Govern para estas obligaciones heredadas de la corporación que presidió Marc Pons.

Esa es una de las razones por las que se siente ahora contrariada por la opinión crítica del PP, que califica el acuerdo de 2x1, «habría que responderle que su política de los cuatro años anteriores fue de triple cero», dice.

Basa esa argumentación en que el problema de los anticipos surge de la ley de financiación de los consells, en la que no se incluyó esta previsión de las «bestretes». Tampoco aprovechó la coyuntura de gobierno monocolor y mayorías absolutas en Palma y en Menorca para negociar esa colaboración financiera en las indemnizaciones. Por último, expone la incoherencia de haber solicitado reiteradamente al Govern actual que contribuya y criticar la llegada de la ayuda, «han tenido su oportunidad y no hicieron nada», concluye.