La licencia de obras para la ejecución del proyecto de reforma de los hoteles de la cadena Meliá en Son Bou, que ha generado rechazo político y social por afianzar la altura de estos establecimientos en primera línea de costa, continúa su trámite por los despachos del Ayuntamiento de Alaior. Han pasado ya más de nueve meses desde que la empresa solicitara el permiso en virtud de la Ley Turística de 2012. Fue el 20 de julio de 2017.
Los cinco primeros meses fueron para un trámite imprescindible y ajeno al Consistorio. A mediados de diciembre se superó este requisito: el informe favorable del Consell, que deja al Ayuntamiento de Alaior de manos atadas, sin más herramientas para frenar la iniciativa, a no ser que la documentación aportada por la empresa cuente con alguna anomalía no subsanable.
La alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, asegura que la demora desde la emisión del informe del Consell no se debe a que haya surgido ningún problema con la tramitación del proyecto, sino que no entra en el orden del día de la Junta de Gobierno porque el departamento de Urbanismo cuenta con un importante volumen de trabajo en estos momentos, y pasan por delante otros asuntos con límite en la fecha de entrega, como los proyectos que aspiran a programas de ayudas del Consell o las actuaciones en el Convent de Sant Diego. Todo parece indicar que los técnicos se pondrán manos a la obra con los hoteles de Son Bou en un corto espacio de tiempo.
Una de las cuestiones que están en proceso de resolver es la respuesta a las alegaciones presentadas al proyecto durante el periodo que estuvo en exposición pública. Han sido dos, formuladas por dos entidades que pública y reiteradamente a través de los medios de comunicación han manifestado su oposición al ejecución del proyecto al considerarlo inadecuado por la consolidación de su impacto, e incluso inviable desde el punto de vista jurídico. Se trata de la entidad ecologista GOB y del Centre d'Estudis Locals de Alaior.
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