El negocio de los amarres nutre las cuentas de Autoridad Portuaria de Balears | Gemma Andreu

TW
2

Las concesiones por actuaciones o actividades que se desarrollan en el espacio público que compete a Autoridad Portuaria de Balears generaron en 2015 unos ingresos de 1,3 millones de euros. Así se desprende de la información publicada por el propio ente en su memoria de actividad del año pasado.

La mayor parte de estos ingresos proceden de la explotación de los amarres que Autoridad Portuaria gestiona en régimen de concesión, aproximadamente la mitad de los existentes en el puerto. Las tres empresas que llevan a cabo esta labor en régimen de concesión aportán más de un millón de euros a Puertos.

Trapsa Yates es, con diferencia, quien más dinero paga por su concesión. El canon anual que afronta la empresa asciende a 616.836 euros, en virtud del controvertido concurso por el que se hizo con los amarres situados en las inmediaciones del Club Marítimo de Mahón. Ahora, precisamente, es esta entidad la que quiere comprar esta concesión para intentar ser viable económicamente, una operación que está pendiente de un permiso por parte de la autoridad judicial.

Una cantidad importante de dinero al año aporta también a Autoridad Portuaria de Balears la empresa Marina Deportiva de Menorca. Esta sociedad dispone de dos concesiones. Por un lado, gestiona los amarres de la Ribera Norte por un canon anual de 209.989 euros, y por otro explota la dársena deportiva de la Colársega por 135.441 euros, lo que suma un total de 345.430 euros. Finalmente, gestiona amarres el propio Club Marítimo de Mahón. Paga 135.587 euros al año por el tramo de muelle ubicado frente al varadero conocido como «d'en Reynés».

El resto de concesiones son, en general, menores y algunas de ellas por ocupaciones, tanto de larga duración como más recientes, de distinta tipología tanto por parte de particulares como de la administración pública. La excepción es Cemex. La cementera abonó en 2015 144.855 euros por el espacio que ocupa en el Cós Nou para la carga y descarga de sus mercancías. Le sigue en la lista CLH, que abona 30.683 euros por la descarga de combustible. Distinas concesiones menores vinculadas a la actividad de la central eléctrica suman unos 20.000 euros.

Entre las administraciones públicas, cabe resaltar que el Ayuntamiento de Maó pagó 6.253 euros por la ampliación del emisario terrestre, mientras que el Consell tuvo que afrontar una factura de 3.720 euros por la canalización del suministro de agua a la isla del Lazareto.