El Consell reduce el tiempo de pago de facturas a los 30 días legales

La consellera de Servicios Generales, Pilar Pons, ha confirmado que la institución se ha puesto al día con sus proveedores gracias al pago que realizó el Govern al Consell a finales del año pasado. «Hace ya unos tres meses que estamos pagando a 30 días, además de ir avanzando con los pagos de subvenciones y ayudas», señala la responsable económica.

Ingreso del Govern

Al finalizar 2013 el Ejecutivo autonómico realizó un pago al Consell de 11,5 millones de euros, cantidad con la que liquidó una tercera parte de la deuda que mantenía con la institución menorquina. Dicho ingreso de dinero fue lo que, a su vez, permitió al Consell liquidar prácticamente la mitad de la deuda que mantenía con los ayuntamientos. El pago a los consistorios se realizó a mediados del pasado enero y la cifra ascendió a unos dos millones de euros.

«Nuestro compromiso es seguir avanzando en los pagos para reducir nuestra deuda con los ayuntamientos», sostiene la consellera Pilar Pons, quien destaca la importancia que ha tenido el plan de pago a proveedores articulado por el Gobierno central para corregir la morosidad de las administraciones.

Según Pons, a finales de 2013 se efectuó el pago de alrededor de un millón de euros a los proveedores del Consell con facturas pendientes y que se habían acogido a la tercera fase del plan, establecido por el Real Decreto Ley 8/2103, de 28 de junio.

Directiva europea

Con el pago a 30 días el Consell cumple la directiva europea en vigor desde marzo de 2013 que pretende acabar con la morosidad de las administraciones públicas, especialmente grave en España, y que fija esos treinta días naturales desde la recepción de la factura como el plazo máximo de tiempo para pagarla. Excepcionalmente se amplía a 60 días en determinadas empresas públicas y del ámbito sanitario. Si dicho plazo se excede los proveedores pueden reclamar intereses de demora.

La consellera Pilar Pons valora de forma muy positiva el plan de proveedores del Gobierno ya que, asegura, «ha sido el mecanismo que ha servido a las administraciones para mejorar su tesorería». Pons añade que los impagos de las administraciones «han hecho mucho daño a la economía» y el plan, además, ha permitido «recuperar algo de credibilidad y estabilidad». El objetivo de futuro del gobierno insular es, según la responsable de Servicios Generales, «aprender de lo sucedido y cumplir con nuestras obligaciones, con el plan de ajuste vigente», recalcó, «siendo más rigurosos con las cuentas públicas porque, de no ser así, las consecuencias son muy negativas».