El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Balears para 2013 acumula recortes en muchas de sus partidas, siendo una de las más perjudicadas la del Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB) que se reduce un 32,5 por ciento. Un decisión que el Ejecutivo que preside José Ramón Bauzá atribuye a la caída de ingresos procedentes del Estado, lo que, sin embargo, no explica el hundimiento en un 80 por ciento de las partidas destinadas a los consells insulares y en un 67 por ciento de las destinadas a los ayuntamientos.
Tal y como se desprende de las cuentas presentadas por el Govern, los consells recibirán el año que viene 844.000 euros para el desarrollo de políticas activas de ocupación, es decir, aquellas dirigidas a incentivar la creación de empleo, una cifra que representa una caída del 80 por ciento con respecto a los 4,4 millones del presente ejercicio.
De aprobarse así el proyecto de ley, el impacto sobre el gobierno insular será de tal calado que obligará a replantear por completo los diferentes servicios de orientación, formación y creación de empresas, así como los programas de inserción y los proyectos de contratación directa en un momento de extrema delicadeza para el mercado laboral.
De hecho, la reducción planteada de un 80 por ciento dejaría la transferencia del SOIB al Consell en poco más de 123.000 euros, cuando este año superaba los 617.000 euros y el año pasado ascendió a más de 1,2 millones de euros. A falta de saber cómo se materializará finalmente este nuevo recorte en las políticas activas de ocupación y qué papel jugará el Consell (hasta ahora ha completado en parte la financiación del Govern), lo cierto es que se dibuja un escenario complicado para el próximo año.
A día de hoy los objetivos del gobierno que lidera Santiago Tadeo en materia de formación y ocupación son, tal y como recoge el Presupuesto General del Consell para 2012, los siguientes: impulsar la formación profesional a través de los certificados de profesionalidad, atender a los colectivos vulnerables, promocionar la creación de empresas y la responsabilidad social de las mismas para impulsar la creación de ocupación y la actividad económica y promover programas de inserción laboral dirigidos a que las personas desocupadas adquieran competencias profesionales.
Similar situación a la expuesta en el caso del Consell vivirán los ayuntamientos de Menorca que, de acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, verán recortada su asignación en un 67 por ciento al pasar de un montante de 10,4 millones de euros a otro de 3,4 para todos los municipios de Balears. Quedan en entredicho, pues, las acciones de proximidad.
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