Revertir una situación que se ha ido fraguando durante más de diez años no es sencillo. El año pasado, con un nuevo gobierno al frente de la Comunidad Autónoma, se iniciaron trabajos para dar forma a medidas de urgencia que aun tardarán meses en tener una incidencia cuanto menos significativa en el mercado de vivienda para el residente local.
Toda solución pasa por poner en el mercado vivienda nueva a un precio controlado. La dificultad está en conjugar esa necesidad con el correcto equilibrio en la protección del territorio y evitar una segregación en el mercado de acceso a la vivienda basada en el poder adquisitivo de su comprador.
La vivienda para no residentes ha continuado su desarrollo, moderando el crecimiento en cuanto a cantidad, pero demostrando que puede seguir creciendo en precio, pues los compradores de esas viviendas son mucho menos sensibles a los incrementos de precio.
El verdadero reto consiste en idear fórmulas para aprovechar el parque de viviendas ya construido, cambiar usos de suelos o edificaciones no destinadas a residencia y terminar con casos de clara infrautilización. Todo ello con la finalidad de evitar crecimientos incontrolados, mientras avanzamos en la simplificación administrativa que permita desarrollar suelos urbanizables que llevan años de largas tramitaciones y que permitan la construcción de viviendas a un precio alcanzable por el ciudadano.
Debe mencionarse que se ha trabajado con el nuevo Govern en la búsqueda de esas fórmulas, pero que cualquier solución a este grave problema requiere a su vez de tiempo, buena disposición y una imaginación que aúne las finalidades antes indicadas de poner en el mercado nuevas viviendas a un precio asequible con un espíritu acertado de conservación de nuestro territorio.
Ha sido el año 2023 un año de transición, siendo necesaria la aprobación de nuevas medidas que permitan un cambio de tendencia al que quizá sea el problema más acuciante para la sociedad balear en un futuro cercano.
La recuperación económica vivida en 2023 también ha permitido el que fructifiquen los primeros proyectos con un marcado acento en la eficiencia energética y el desarrollo sostenible. Como nota negativa, en lo que afecta al sector inmobiliario, cabe destacar que continúan los retrasos administrativos en las tramitaciones y que la maraña legislativa de un sector hiper regulado como el nuestro se deja sentir en los plazos para el otorgamiento de licencias o en los términos para tramitar los finales de obra. Esos largos tiempos influyen negativamente en el precio y la disponibilidad de vivienda por lo que reducir los retrasos y esperas, conservando un necesario control sobre la actividad urbanística es una asignatura pendiente y de urgente necesidad.
Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears, debemos emitir un análisis con tintes de moderado optimismo de cara al futuro. El año 2023 sentó unas bases de colaboración público-privada que permiten aventurar que, por la senda iniciada de simplificación administrativa, con la puesta sobre la mesa de soluciones prácticas y una atención continuada al problema, podríamos iniciar una corrección del rumbo que permita sentar las bases de soluciones asequibles de vivienda. No es una tarea fácil, ni que se soluciones en pocos meses, es una tarea continuada que a veces requiere de un proceso de prueba y error continuo, formulando diferentes soluciones hechas a medida de las necesidades de la sociedad balear. En ese trabajo, desde Proinba nos comprometemos a participar y poner nuestro granito de arena.l
