Dani Alves: «Creo en la justicia. No voy a huir»

Al final de la vista, Alves ha intervenido por videoconferencia desde la cárcel Brians 2, en la que lleva más de un año en prisión provisional. «Creo en la justicia. No voy a huir», ha asegurado. La Audiencia decidirá en breve si deja en libertad a Alves, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene sobre la mesa los recursos que la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la víctima y la defensa han presentado contra la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

La Fiscalía, que en su recurso contra la sentencia pide a la Audiencia que condene a Alves a nueve años de cárcel, ha pedido al tribunal que mantenga en prisión al futbolista, argumentando que sigue existiendo riesgo de fuga, si cabe más aún después de la sentencia, puesto que la pena sigue siendo alta.

Unos argumentos que también ha esgrimido la acusación particular ejercida por la víctima, a través de su abogada, Ester Garcia, que también ha hecho hincapié en los recursos económicos del procesado. Sin embargo, la defensa aduce que esa capacidad económica no es tal, dado que a raíz de su detención se rescindieron los acuerdos de patrocinio que Alves tenía firmados con varias marcas, perdió su trabajo en el club de fútbol Pumas de México y aún no ha cobrado la suma que le adeuda Hacienda por un contencioso tributario que se resolvió a su favor.

La abogada, Inés Guardiola, también argumenta que Alves cumplió el pasado 5 de marzo una cuarta parte de su condena, con lo que de ser firme la sentencia ya podría disfrutar de permisos e incluso acceder al tercer grado, que la pena impuesta es muy inferior a la que solicitaban las acusaciones -nueve y doce años- y que el TSJC puede tardar hasta un año en resolver sobre el asunto. Como alternativas, la defensa, que en su recurso al TSJC vuelve a pedir la absolución, acepta que se imponga a Alves una fianza de 50.000 euros, además de la retirada del pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado.