Imagen de una inmobaliaria. | J. BAGUR

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El prohibitivo precio de la vivienda en Baleares genera situaciones desesperadas. El Colegio de Abogados de las Islas ha comenzado a recibir peticiones de asistencia jurídica gratuita por parte de padres y madres divorciadas con hijos menores de edad que necesitan acudir a los juzgados para marcharse de Mallorca y residir en la Península.

La responsable de turno de oficio del Colegio, Carmen López, explica que se trata de progenitores que piden una modificación de las medidas que regulan tanto la custodia como las medidas en torno a los menores. Acuciados por la necesidad de mantener una residencia con condiciones suficientes como para que duerman en ellas menores, optan por trasladarse a la Península y refugiarse en zonas donde, o bien tienen otro respaldo familiar o bien los precios inmobiliarios son más asequibles. La letrada explica que estas peticiones provienen de personas trabajadoras que solicitan además el beneficio de la justicia gratuita.

El traslado fuera de la Isla puede implicar, desde un cambio en la custodia de los menores, ya fuera monopartental o compartida, a un cambio en condiciones como el régimen de visitas, en como se realizan las entregas o en la posible pensión por alimentos a abonar.

El abogado Carlos Roig, especialista en Familia, recuerda que, en cualquier caso, una modificación de medidas tiene que responder a un cambio externo en la situación del progenitor que la solicita: la más clásica un despido o un cambio en las condiciones económicas que hace necesario replantear la situación. En cualquier caso «lo que siempre se tiene en cuenta es el interés del menor». El lugar de residencia depende de la patria potestad y, salvo acuerdo entre los progenitores, la tendencia es que permanezcan en el mismo lugar donde tienen arraigo. En cualquier caso, Roig plantea dudas de que la mera carestía de la vivienda pueda servir como base para que ese cambio de las medidas sea acordado por un juzgado de Familia salvo situaciones puntuales. Apunta a que la situación de la vivienda se ha convertido en un «problema muy grave» en casos de divorcio con menores, sobre todo en situaciones en las que uno de los progenitores no tiene la opción de regresar a la vivienda de un familiar en la Isla.

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«Cada vez propongo más como solución la ‘casa nido’ en casos de custodia compartida», explica. En esas situaciones, los menores permanecen en la vivienda que era la de la familia antes de la ruptura matrimonial. Cada uno de los padres se alterna cada semana que tiene la custodia y son los hijos los que se quedan en el domicilio. Es una situación controvertida en muchos casos y rechazada generalmente por los juzgados, dado que implica que deba ser aceptada voluntariamente por ambos progenitores y obliga a un alto grado de acuerdo. Sin embargo, hay precedentes recientes. El pasado mes de diciembre, una sentencia de la Audiencia Provincial abordaba el problema de la vivienda en caso de divorcio.

El pleito decidía un conflicto en el que la madre quería la guardia y custodia exclusiva para irse de Eivissa a Cádiz, donde tenía una vivienda en propiedad. El padre se oponía y reclamaba una custodia compartida entre ambos progenitores y que los menores permanecieran en Baleares. Ambos percibían en torno a mil euros mensuales. La sentencia de la Audiencia avala la solución del juzgado de Primera Instancia que pasaba por la casa nido.

La Audiencia lo confirma: «Aún no siendo la opción idónea según la doctrina del Tribunal Supremo, es la que más se adecúa, en interés de los menores al caso concreto, teniendo en cuenta que pagan por ella 620 euros, lo que debe considerarse un alquiler muy módico teniendo en cuenta la carestía de la vivienda en la Isla. Los recursos económicos de ambos progenitores no permiten alquiler cada uno de ellos un piso por un precio de mercado, no siendo probable que ni siquiera encuentren un piso de las mismas características por un precio similar».

Deniega el traslado a la Península ante el arraigo de los niños en la Isla y que esa opción «imposibilitaría el ejercicio conjunto del régimen de custodia». La resolución concluye: «El modelo de casa nido en régimen de custodia compartida origina tensiones en entre los progenitores. Sin embargo, en atención a la situación económica de ambos es la mejor opción».