Fernando Ortega y Magdalena Aranda, los inquilinos de renta antigua a punto de ser desahuciados

Fernando Ortega y Magdalena Aranda, los inquilinos de renta antigua a punto de ser desahuciados | Miquel Àngel Cañellas

Gemma MarchenaPalma07/02/25 4:00Actualizado a las 07:19
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El pasado martes se llevaron el susto de sus vidas. Alguien llamó al portero y apareció una comitiva judicial, el cerrajero, el propietario de la vivienda y dos furgones de la Policía Nacional esperando en la calle. Fernando Ortega, de 81 años, y Magdalena Aranda, 76 años, iban a ser desahuciados de la que ha sido su casa durante casi medio siglo sin recibir ninguna notificación previa, afirman. La escena no podía ser más surrealista: «Decían que el contrato quedaba rescindido porque yo, el arrendatario, estaba muerto».

En juego está un contrato de alquiler de renta antigua, firmado el 26 de julio de 1976, por el que abonan 105,73 euros. «Es que no hemos tenido ningún impago, no lo entendemos», cuenta esta pareja que vive en la calle Camp Redó y que solo cuenta con el ingreso de la pensión de él, que asciende 1.077 euros. El actual propietario del piso es un abogado que «ya ha desahuciado a Paco y Margarita, del segundo, y a Paquita, en el tercero. Son todo rentas antiguas que tenía una familiar del nuevo propietario. Tras su muerte, él vacía los pisos, los reforma y los alquila con precios actuales».

Fernando y Magdalena, a las puertas de la que ha sido su casa durante medio siglo

Fernando y Magdalena lloran desde el pasado martes. Con ellos está su hijo Fernando, que tuvo que dejar de trabajar para cuidarles. Solo tienen una silla de ruedas aunque la necesitan ambos, que tienen serios problemas de movilidad. Hace cuatro años, cuando falleció la propietaria, el nuevo dueño se negó a cobrarles el alquiler y, denuncian, así tener un motivo para desahuciarles. «Estuvimos dos años abonando el alquiler en el juzgado y pasado ese tiempo, el juez le obligó a establecer un número de cuenta donde pagar, además del IBI, la basura y los gastos de comunidad, que ascienden a 200 euros al mes», cuenta Fernando, noqueado por la nueva treta legal.

«Nunca nos hemos visto así», explica Magdalena entre sollozos. Desde entonces no come ni duerme de la tensión. Su hija, que vive en el piso de abajo, tiene que subir a cada momento para cuidarles. Su nieta, que trabaja dos días a la semana, ayer les dio parte de su sueldo.

«Todos los juicios a los que nos ha llevado el dueño los ha perdido. El último lo perdió y recurrió, pero nuestra abogada no nos lo notificó y no se presentó. El martes decían que yo estaba muerto», lamentaba Fernando, que agradeció el tacto de los agentes de la Policía Nacional. «Nos dijeron que éramos un claro caso de vulnerabilidad y nos pidieron disculpas». Lo peor, según Fernando, es que «el propietario estaba allí, con la procuradora, y se reía de nosotros».

En cuanto trascendió en el barrio el intento de lanzamiento de Fernando y Margarita, acudió en su ayuda su vecino Jorge Ruedas, que les presta apoyo legal junto el nuevo abogado que han contratado. Otra de las artimañas que denuncian es que «en el primer juicio mostraron un burofax que yo no había firmado. El juez desestimó la prueba, consideraba que mi firma fue falsificada».

Los ancianos aseguran que buscan piso pero «cobrando mil euros no encontramos nada. Nos piden dos nóminas, unos ahorros que no tenemos...». Y Magdalena, de es Molinar de toda la vida, ha dejado de comer: «No tenemos dinero, no podemos andar, no tenemos nada...».

Por su parte, el propietario de la vivienda argumenta que «tienen deudas pendientes y subiendo. Hay una sentencia firme. Los propietarios no podemos hacernos cargo de los servicios sociales». El dueño asegura que «se les propuso llegar a un acuerdo. La finca tiene una ITE en marcha y los gastos los asumen los inquilinos». Ruedas,el vecino abogado, aclaró que «los gastos de las derramas los costea el propietario».