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«Lento e inútil. No me sirve para nada». Las víctimas denuncian fallos reiterados en los dispositivos telemáticos empleados en su protección . Sonia (nombre ficticio) lo emplea desde hace tres años. Su expareja está condenado a llevar la pulsera durante un largo periodo, una cuarta parte del cumplimiento de una orden de alejamiento que busca protegerla durante más de una década. Sin embargo, Sonia alerta que a principios de este año se cambió el modelo de dispositivo que se empleaba y que, desde entonces, los fallos son reiterados y no es un caso único. «Me lo he llegado a cruzar cara a cara y no ha funcionado. Cuando llamé al Grupo Cometa (la unidad encargada de la supervisión) les marcaba que yo estaba en Manacor». Estaba en Palma. María Rosario Díaz, la mujer asesinada esta semana por su expareja , tenía asignado uno de estos dispositivos.

Sonia ha informado de esos fallos tanto a la policía como al juzgado que supervisa la medida «y nada». «El sistema está fallando en general, incluso él ha estado sin la pulsera dos semanas y no ha pasado nada ». Además añade: «Ellos saben lo que está pasando, que no funciona bien y juegan con eso». La clave ha sido el cambio del dispositivo. «El otro sí daba seguridad, este no». La queja también llega por el peso del nuevo, la necesidad de cargarlo cada día, las pérdidas de cobertura constantes. Esos fallos, señala la afectada, provocan una sensación de inseguridad continuada en la víctima.

La abogada Dolores Puertas también plantea dudas sobre los dispositivos: «Se dispara cuando quiere, no me da seguridad jurídica», señala también a la hora de establecer un posible quebrantamiento por parte del maltratador. Sin embargo, apunta la peor parte para las víctimas. «Genera una tensión constante y revictimiza constantemente». Apunta a un mejor funcionamiento de otros sistemas de asistencia telefónica como Iris 112 o Atempro. «Son menos invasivos».

Balears, de forma reiterada aparece en los datos del Consejo General del Poder Judicial como la comunidad autónoma con la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia de género de todo el territorio nacional. Sin embargo, en proporción no emplea de la misma manera algunos de los recursos. Así, hay activas 91 pulseras telemáticas, que suponen una tasa de 173 por cada millón de mujeres, cuando la media nacional es de 218,6. En otros recursos similares ocurre algo parecido. Por ejemplo, en el sistema Atempro, de atención y asistencia telefónica a las víctimas en Balears había 158 usuarias activas a finales de octubre. Supone una tasa de 300,9. La nacional es de 907. Una explicación sería la incidencia en el número de casos totales de la población flotante que no requeriría esos recursos de protección al regresar a su país de origen. Sobre las pulseras, Puertas apunta que los jueces «no son muy propensos a ponerlas».

Sonia sí valora de forma positiva el trato a las víctimas en juzgados y por parte de los agentes policiales de Viogen. Sin embargo, muestra su frustración por el resultado final del procedimiento penal. «Se archivan causas, se acumulan y se suspenden condenas». En el caso de su maltratador tiene varias penas menores que no se han ejecutado. Añade otro factor: «El tema del tiempo que hay que invertir en denunciar, declarar y acudir al juzgado es una frustración . Ves que el trabajo que inviertes muchas veces no sirve».

Sobre el asesinato de María Rosario Díaz, que no llevaba el dispositivo telemático cuando fue asesinada, Dolores Puertas hace una advertencia: «No se la puede culpabilizar» . Apunta a una situación conocida, el ciclo de la violencia: «Hay una situación de dependencia total y absoluta de la víctima hacia el agresor y víctimas que no se reconocen como tales. Se suceden episodios de maltrato, perdón y volvemos al ciclo. Es el me lo hace porque me quiere o porque yo he hecho algo que le provoca». Considera que el caso debió valorarse como de riesgo extremo ante los antecedentes del asesino, George Virgiliu Teianu.

Esas situaciones son las que llevan a la dificultad en muchas ocasiones de controlar la efectividad de las medidas de protección, una situación de la que alertaba la Fiscalía especializada en violencia de género en la última memoria, que aludía a «la dificultad de controlar su cumplimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en ciertos casos, también, por el incumplimiento voluntario de la mencionada por parte de las beneficiarias».

Culpabilizar «Hay que trabajar con el entorno, con las familias. Son las que van a los recursos. Llegar al entorno para llegar a las víctimas. Hay profesionales muy potentes en el Consell y en el Ajuntament, por ejemplo, pero las víctimas tienen que llegar y hay que actuar desde la prevención y la educación», añade Puertas. En total, el sistema Viogen ha tenido en seguimiento en las Islas a 31.917 mujeres. De todos los casos ahora mismo hay 32.005 que están inactivos al desaparecer la situación que generó la alarma. 2.110 casos han sido calificados como de riesgo bajo; 851 medio y en 1.559 no ha sido apreciado, además de los altos y extremos.

En cualquier caso, el número de denuncias prácticamente se ha duplicado desde que existe el sistema. En total, en 2009 fueron 4.453 y el año pasado se cerró con 7.957. De ellas derivaron 1.631 órdenes de protección y, en la misma línea, en el primer semestre de 2024 se habían acordado 839.

En el sistema Viogen también se valoran de forma específica los casos en los que hay involucrados menores de edad. En Balears son 346 en los que se ha apreciado riesgo y 99 en los que la policía ha considerado ese peligro como extremo . Los casos con menores y los calificados como de especial relevancia tienen un tratamiento diferenciado cuando llegan al juzgado y se recomienda una valoración añadida forense. Esas valoraciones judiciales tienden a retrasarse y las evaluaciones de riesgo psicosociales que encargan los juzgados se han retrasado en los últimos meses hasta el punto de provocar quejas de los jueces.

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