Las okupaciones se duplican en una década en Baleares

Es importante tener en cuenta que el pico se registró en 2021 y desde entonces se está experimentando un ligero descenso. En concreto, en dicho año se contabilizaron 509 casos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles; mientras que en 2022 bajó a 417 y en 2023 disminuyó a 207. Sin embargo, aún es pronto para poder hablar de un cambio de tendencia.

Okupas identificados

El Ministerio del Interior también informa de los casos de okupaciones en los que se ha identificado al presunto autor. En concreto, de los 407 hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles en 2023, se identificó al presunto autor en 232; es decir, algo más de la mitad. Un dato relevante es que la cifra de casos resueltos ha descendido, ya que de los 193 conocidos en 2003 se identificó al autor en 115.

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Aún más significativa es la diferencia entre detenidos e investigados: en 2023 fueron 107 por haber okupado un inmueble, mientras que en 2013 fuero 124. Este dato es especialmente llamativo, puesto que hace una década hubo más investigados y detenidos que okupaciones; en 2023 fueron bastantes menos.

Si se toma como referencia el conjunto de España, en 2023 se registraron un total de 15.289 hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles, mientras que en 2013 fueron 7.739; es decir, prácticamente la mitad, por lo que la situación es muy similar a la del Archipiélago balear. Por tanto, la okupación es un problema de Estado, motivo por el que el PNV ha presentado una enmienda a la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que permitirá agilizar los lanzamientos. Se ha aprobado con los votos del PNV, el PP, ERC y Bildu; estos últimos se equivocaron en el sentido del voto, pero como los populares tienen mayoría absoluta en el Senado este punto ya no se podrá modificar.

En concreto, lo que se hace es añadir los delitos de usurpación, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del Código Penal, para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, es decir, en un plazo máximo de 7-8 días; a lo que hay que añadir el tiempo del desalojo, que también será rápido. Este nuevo marco normativo entrará en vigor el próximo año, por lo que habrá que estar muy pendientes del impacto que tiene en las okupaciones de viviendas.