Pedro Sánchez y Marga Prohens, en el Consolat. | P. Pellicer

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Las objeciones del Gobierno de Pedro Sánchez al decreto de simplificación administrativa no afectan para nada a una de las cuestiones estrella del plan: la legalización de viviendas en suelo rústico. El Gobierno da carta blanca a esta iniciativa del Govern, ya que no figura entre las cuestiones que considera que pueden ir contra el ordenamiento constitucional. Sobre este asunto, solo hace una objeción mínima a los planes del Govern relativa a las excepciones.

El decreto de legalización determina que hay algunas viviendas que no se podrán legalizar. Es aquí donde aparece la precisión del Ministerio de Política Territorial. En el informe que se ha enviado a la Conselleria de Presidència se menciona que debe incorporarse una excepción más para que no puedan legalizarse aquellas viviendas que estén en zonas verdes o en espacios libres en suelo urbano y urbanizable. El documento no menciona en ningún momento que la legalización en sí vaya contra la Constitución.

No tendrá recorrido

El Govern considera que la advertencia del Gobierno no tendrá mucho recorrido, y así lo ha reconocido el nuevo conseller de Territorio, José Luis Mateo, en las declaraciones que ha ido hacienda desde que tomó posesión de su cargo. De hecho, el Govern precisa que estas objeciones del Gobierno no son de aplicación porque afectan a suelo urbano y urbanizable mientras que el decreto de simplificación es exclusivo para edificaciones, construcciones e instalaciones que estén ubicados en suelo rústico, no en suelo urbano.

En cualquier caso, las dos administraciones tendrán que crear una Comisión Bilateral para resolver estas discrepancias y alcanzar puntos de encuentro. El Govern está convencido de que se podrá llegar a un acuerdo y señala que, en caso de que haya que modificar la norma en el sentido en el que exige el Gobierno, se podrá hacer a través de enmiendas del PP ya que el decreto se está tramitando como ley en el Parlament.

Ángel Torres

Fue el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien advirtió al Govern de que debería sentarse a negociar para resolver algunas discrepancias en torno a este decreto. Lo hizo tras mantener un encuentro en Palma con el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, si bien no detalló a qué se refería con estas discrepancias.

Por lo tanto, si no hay cambio de opinión con respecto al documento inicial que ha entregado el Ministerio, el Gobierno no cuestiona la legalización de viviendas en suelo rústico y lo único que hace es pedir a Balears que introduzca algunas excepciones a la legalización que no aparecen en el texto original del Govern.

El apunte

El Govern analiza si atiende la petición de las viviendas donde hay alquiler turístico

El Govern aún no tiene decidido si aceptará la petición del Ajuntament de Pollença y de los propietarios de negocios de alquiler turístico en casas ilegales. Una ley aprobada en la época de Jaume Matas permitió mantener esta actividad económica en viviendas construidas de manera ilegal y el decreto de simplificación urbanística excluye la posibilidad de que estas casas se legalicen. Es decir, los propietarios de estas viviendas deberá elegir entre mantener el alquiler turístico en una vivienda ilegal o legalizar la construcción y dejar de hacer esta actividad. La decisión la deberá tomar el conseller de Territori, José Luis Mateo, en colaboración con el vicepresident Antoni Costa.

Las claves
  1. El PSIB sí cree que es inconstitucional y amenaza con recurrir

    El Gobierno no ve, por ahora, que la legalización en suelo rústico sea inconstitucional, pero el PSIB no opina lo mismo. El partido ha señalado que está dispuesto a presentar un recurso a través de la firma de 50 diputados en el Congreso.

  2. El ministro se reunió con el GOB durante su visita a Palma

    El ministro de Política Territorial se reunió con el GOB durante su visita a Palma. La entidad ecologista también le planteó sus dudas con respecto a la legalidad del decreto ley que está en vigor y ya se está aplicando.

  3. A la espera de las enmiendas que registren el PP y Vox

    El Govern accedió a que este decreto se tramite como ley por lo que el interés está ahora en saber qué propuestas de modificación presentan el PP y Vox a través de sus enmiendas y qué hará el Govern con las enmiendas de Vox.