La Policía Nacional libera a 13 víctimas de explotación sexual en Palma

El entramado imponía a las mujeres un régimen de esclavitud. Las obligaba a estar siempre disponibles y vigilaba su actividad. Las perjudicadas debían realizar servicios como escort y los miembros de la organización desarticulada las trasladaban y controlaban en todo momento.

Captación a través de compatriotas chinos

La red captaba a sus víctimas en su país de origen a través de compatriotas de nacionalidad china. Los implicados les ofrecían viajar a Europa y les cobraban unos 15.000 euros en concepto de gastos de viaje que debían abonar la persona que las recibía en Polonia. En ocasiones, esta misma persona les obligaba a pagar 400 euros al mes adicionales en concepto de gastos de seguridad social porque les ofrecían un supuesto empleo en ese país.

El entramado aportaba contratos de trabajo fraudulentos con intención de tramitar los visados para que las víctimas entraran en el espacio Schengen de manera irregular. Una vez en Polonia, trasladaban a las víctimas a Mallorca bajo el pretexto de un supuesto trabajo, dado que se encontraban en situación de precariedad económica, diciéndoles que podrían ganar mucho dinero.

Cuando llegaban a Palma, eran trasladadas a los pisos de citas, donde eran obligadas a ejercer la prostitución para pagar la deuda que habían contraído. En España las víctimas permanecían en situación irregular, lo que, unido al desconocimiento del idioma español, incrementaba su dependencia a la organización.

Tratadas como esclavas

Los integrantes de la organización desarrollaban su actividad en Palma. La principal responsable contaba con una red de mujeres que pernoctaban en los pisos para controlar los servicios sexuales y recaudar los beneficios de la explotación sexual. Las condiciones bajo las que debían ejercer la prostitución eran abusivas. Trataban a las víctimas como esclavas y les obligaban a estar disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana. No podían rechazar a ningún cliente.

Las mujeres obtenían, como máximo, la mitad de los beneficios obtenidos por su explotación y apenas podía salir de la vivienda para no levantar sospechas entre los vecinos del edificio. Los miembros de la organización las trasladaban en vehículo o pedían taxis para que realizaran servicios como escort. Las mujeres eran monitorizadas de manera permanente a través de cámaras de videovigilancia.

Una app de mensajería instantánea

Los implicados captaban a sus víctimas utilizando una aplicación de mensajería instantánea y empleaban diferentes webs de contactos para publicitar los servicios sexuales. Los miembros de la organización eran quienes atendían a los clientes que llamaban para concertar las citas.
Los integrantes de la red se lucraban también con la venta de estimulantes sexuales para que los servicios tuvieran una mayor duración y reportaran aún mayores beneficios. Canalizaban estas ganancias a través de una empresa de hostelería, que era propiedad de la principal responsable de la organización. Su actividad primordial era la de mantener una apariencia legal que justificara los beneficios obtenidos de la explotación sexual de las víctimas.

La investigación ha finalizado con la liberación de 13 víctimas de explotación en Palma y 17 detenidos en Madrid, Palma, Barcelona y Polonia como presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución y pertenencia a organización criminal. La Policía Nacional ha llevado a cabo siete entradas y registros, seis en Palma y una en Barcelona, en los que se han intervenido 15.000 euros en efectivo, 14 teléfonos móviles y otros dispositivos, así como documentación relacionada con la investigación.

Operación contra la trata de seres humanos

La operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900-10-50-90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos. La llamada no queda reflejada en la factura telefónica.