Los recursos se dirigen contra gran parte del articulado de la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, justo antes de las elecciones autonómicas y municipales, aunque quedará para el próximo 1 de enero de 2024 lo relativo a los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda.
En general, los recursos de insconstitucionalidad se centran en el control de precios de los alquileres; la declaración de zonas de mercado residencial tensionado; la definición de vivienda protegida; de vivienda asequible incentivada y la figura del gran tenedor. Además, contra los deberes recogidos en el derecho de propiedad; las reservas de suelo únicamente para vivienda social en zonas tensionadas o los principios que deben recoger la vivienda protegida.
También se pide que se declare inconstitucional las obligaciones fijadas para los grandes tenedores en zonas tensionadas; la finalidad y financiación de los parques públicos de vivienda; los criterios marcados para la gestión de los mismos o la información mínima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda.
Asimismo, se dirige contra el articulado en lo referente a la inversión en programas de política de vivienda; la caracterización del parque de vivienda; la vivienda deshabitada o vacía o el suelo público disponible para vivienda. Con respecto a las disposiciones, los recursos ponen el foco en las medidas de contención de precios en los alquileres; la revisión de los criterios para la identificación de zonas tensionadas, y las viviendas calificadas con algún régimen de protección pública con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
Igualmente, la modificación de la Ley de Suelo; los fines de las políticas públicas de vivienda; la vivienda asequible incentivada; los objetivos del parque de vivienda destinado a políticas sociales, así como los títulos competenciales.
La Ley de Vivienda, cuya negociación se desbloqueó a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales y después de tres años de contactos, fue aprobada el 17 de mayo de forma definitiva en el Senado con los votos a favor de los socialistas y los grupos independentistas y de izquierda en los que se apoya el Gobierno de coalición. Un mes antes, el texto había recibido luz verde del Congreso de los Diputados.
1 comentario
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Quién es el gobierno para decirme a cuánto he de poner mi alquiler?? Quieren que yo les arregle un problema suyo. Pero nada...los que no podéis ni alquilar ni comprar,disrrutad de lo votado!!! Viva los progres!!!