Caseta

Dolores, junto a la caseta que se incluye en el expediente de disciplina urbanística, ahora convertida en alojamiento para sus gallinas.

Víctor MalagónAlgaida 16/05/23 0:29
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Dolores Inserte y su marido compraron una finca en Algaida en 2011. Ahora se encuentran con una sanción urbanística del Consell de Mallorca por más de 70.000 euros en vía ejecutiva por una ristra de construcciones ilegales en la finca. La afectada admite algunas como un porche de 26 metros cuadrados. Otras son mucho más rigurosas: «A mí, que me multen por el porche, vale, pero por la caseta de los niños, no». Ese es uno de los elementos que consta en el expediente: una estructura de plástico de un metro cuadrado. Hay más similares como una estructura de metal para una carpa o un montón de piedras.

El problema añadido fue que Dolores nunca recurrió contra esa sanción. No porque no quisiera: «Nos engañaron. Fuimos a un graduado social que no movió ningún papel». El plazo venció sin que se formalizara el recurso. La afectada primero denunció por estafa al profesional que no interpuso el recurso. Fue archivada porque el juez entendió que no había engaño. Ahora, su nueva representación legal ha interpuesto una demanda por negligencia profesional al dejar agotarse el plazo.

Tras ser desahuciados de su vivienda en 2011, Dolores y su marido se hicieron con la finca. «Pusimos un contenedor para guardar nuestras cosas», recuerda. Acondicionaron la finca para pasar tiempo con sus cinco hijos y sus doce nietos. «Si no, dónde nos metemos». Uno de sus vecinos le denunció. «Aquí está todo lleno de obras ilegales y el Consell no hace nada», se queja.

Disciplina urbanística enumeró hasta 25 irregularidades. Algunas provocan las quejas de la propietaria, como las que afectan a unos depósitos de agua de plástico colocados sobre unas piedras. «Si no podemos tener agua, ¿cómo regamos? Todo el mundo tiene depósitos como estos y no pasa nada». Ante la falta de recurso, la sanción se ha convertido en firme y está en vía ejecutiva, lo que implica embargos en la nómina del propietario. También una orden de demolición de todos los elementos ilegales y la restitución de la finca a su estado original. «Que se queden con ella si quieren, pero que esto acabe», ruega.