Meses de protestas de los afectados. El colectivo de interinos se movilizó durante meses después de que una sentencia de los tribunales europeos obligara al Gobierno y al resto de administraciones públicas a consolidar miles de plazas de trabajadores. | Teresa Ayuga

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El Gobierno de Pedro Sánchez considera que puede ser inconstitucional el decreto ley que exonera a los interinos del conocimiento de catalán en el proceso de consolidación de las plazas. El Gobierno ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad contra el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de Balears.

Se trata de la norma que permite la consolidación de unas 10.000 plazas de interinos, según los cálculos del Govern. La norma fija que, de manera excepcional, quedarán exentos de acreditar el conocimiento del catalán los interinos que hayan trabajado en el mismo cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional y a quienes no se les exigió este requisito para el ingreso en esa plaza.

En caso de consolidar el puesto de trabajo tras el proceso convocado por el Govern, la norma establece que los trabajadores quedan obligadas, en el plazo de dos años, contados a partir de la toma de posesión o de la firma del contrato de trabajo, a acreditar el nivel de conocimiento de la lengua catalana.

Dos años

El texto señala que, si en el plazo de dos años, no se acredita el conocimiento del idioma, estas personas serán removidas del puesto de trabajo por falta de adecuación a sus funciones, según indica de forma textual el decreto ley aprobado por el Govern convalidado por el Parlament.

El Gobierno ha convocado una Comisión Mixta para resolver las discrepancias suscitadas en relación con varias disposiciones de la norma, entre las que están la exención del catalán. El Gobierno tampoco ve claro que Balears pueda incrementar de dos a tres años el plazo de tiempo en el que los interinos que consoliden sus plazas no puedan participar en procesos de comisiones de servicio o en concurso de traslados.

La directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, Carmen Palomino, admite que existen discrepancias entre el Gobierno y el Govern a la hora de entender la aplicación de la norma en algunas de sus disposiciones, pero ya ha mantenido conversaciones con responsables del Ejecutivo de Pedro Sánchez para explicarles el sentido de la norma.

«Son personas que en su día accedieron a un puesto de trabajo sin tener que acreditar el conocimiento de catalán y todas ellas siguen en la misma empresa o en el mismo puesto en el que se les contrató», añade. Palomino asegura que las limitaciones que propone el Gobierno afectarán, de forma mayoritaria, a trabajadores de las empresas públicas y no de la Administración General de la Comunitat.

En cualquier caso, la directora general está convencida de que el Gobierno central entenderá las razones del Govern balear y aceptará el contenido del decreto ley tal y como está redactado. «Estamos convencidos de que no habrá recurso porque se lo hemos explicado de forma previa antes de mantener la reunión y lo han entendido», señala Palomino.