La sanidad balear atendió 2.745 interrupciones voluntarias del embarazo el año pasado. Pese a que el Archipiélago es una de las comunidades con la tasa más alta de abortos, es el segundo año consecutivo en que se reduce esta cifra, algo que, contrariamente a lo sucedido en 2020, ahora se escapa a los posibles efectos del confinamiento.
Desde 2009 no se registraba un dato similar en los informes epidemiológicos, por entonces 2.788 mujeres interrumpieron su embarazo y, con posterioridad, casi todos los años se han sobrepasado los 3.000 casos. En 2021 se notificaron 98 interrupciones del embarazo menos que el año anterior y 565 menos que en 2019.
Pero si algo llama la atención de este recuento no es sólo la cifra en sí, sino el hecho de que en el 62,3 % de los casos se asistieron en el sistema sanitario público. Y éste es precisamente uno de los pilares de la reforma de la ley del aborto que ayer aprobó el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación en el Congreso. En el Estado se pretende que, para la interrupción voluntaria del embarazo, la red pública sea la de referencia, algo que ya sucede en las Islas que van a la cabeza en este cambio, seguidas de Cantabria y Cataluña.
Según el IB-Salut, el aborto está garatizado en todos los hospitales públicos de Balears y, a su vez, es compatible con la objeción de conciencia de los profesionales que así lo requieran, aunque todavía no existe un registro oficial.
La nueva normativa contempla, además, que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de un permiso; introduce el derecho a la salud menstrual y la educación sexual integral en todas las etapas de la enseñanza obligatoria.
En 2012 se observa cómo la sanidad pública gana peso entre las mujeres que lo demandaron y allí acudieron el 45,1 % de las pacientes. La cifra se ha ido incrementando desde entonces y sólo en 2021 se rebajó ligeramente respecto al ejercicio anterior.
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