El juzgado ha puesto a subasta la mayoría de bienes que aún quedaban bajo la titularidad de la empresa en liquidación y entre ellos no hay ninguna joya de la corona. De hecho, según consta en la subasta la cantidad reclamada es de 47.581.781,68 euros y el valor de los inmuebles que se subastan no supera los cuatro millones de euros. Trece de los lotes son fincas rústicas en Son Gual, una de las promociones fallidas de Drac Plus. La de más valor tiene una tasación por algo más de 600.000 euros y rebasa por mucho a todas las demás. Otra, de 6.000 metros cuadrados tiene un valor estimado de 217.000 euros.
El otro centenar de bienes que constan tienen un valor mucho menor y son, en su mayoría plazas de garaje o trasteros. Así, por ejemplo constan todos los de un edificio de la calle Francesc Salvà i Pizá de Marratxí, con un valor de subasta de diez mil euros. También hay plazas de aparcamiento en Santa Maria, Manacor o sa Cabaneta.
Entre los inmuebles a subasta hay además trasteros en Palma e incluso patios, que son los que tienen un menor valor a priori y que salen por 250 euros. El juzgado ha anunciado la subasta pero aún no está abierto el plazo para la presentación de ofertas a la espera de cumplimentar una serie de trámites. Drac Plus absorbió todo el entramado empresarial de Grande en 2010 para reordenar activos al inicio del concurso de acreedores. El grupo nació en 1995 y creció durante el boom de la construcción de esa época cuando su propietario se convirtió en uno de los empresarios más destacados de la Isla. El grupo acumuló suelo en municipios de toda la Isla y engordó hasta julio de 2008. Entonces no pudo hacer frente a las deudas que había acumulado y todo el entramado se vino abajo y arrastró a una docena de sociedades diferentes y al propio Grande.
El concurso consiguió hacer frente a la mayor parte de la deuda pero no evitar la liquidación de la empresa. Buena parte de las fincas habían perdido valor después de que cambiara su calificación urbanística y ahora la venta de estos bienes liquida de manera casi definitiva todo el proceso. Tras el auto judicial que ordenaba la liquidación la administración concursal ha pasado al abogado Jaume Alonso-Cuevillas.
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