Además de Gual comparece este lunes el exdirector de la APB Juan Carlos Plaza, que fue cesado el pasado mes de abril tras su imputación. La tercera en declarar será Dolores Ripoll, jefa de la Abogacía del Estado en Balears. El martes es el turno de el exjefe de área de gestión, Fernando Berenguer; el jefe de explotación, Armando Parada, y el delegado en Menorca, Vicente Fullana. La ronda de declaraciones se cierra el miércoles con el interrogatorio a los empresarios menorquines que consiguieron el concurso.
Legalidad
Las declaraciones se ceñirán solo al contrato de amarres en el puerto de Maó, la única parte que está bajo secreto. La magistrada aprecia la existencia de indicios de que este procedimiento se amañó para que ganara la empresa Marina Asmen, formada por una serie de empresarios náuticos menorquines e investiga si existió algún tipo de presión o mediación política para cambiar el sentido de la adjudicación. La magistrada ya tomó declaración a una serie de testigos en junio.
Salvo sorpresa se espera que todos los investigados defiendan la legalidad de la adjudicación. Una de las declaraciones estrellas será la de Berenguer, quien fue grabado por los empresarios que perdieron el concurso en una conversación que detonó el inicio de la causa. En esa grabación, el exalto cargo reconoce que la empresa que perdió era la que había hecho la mejor oferta, pero que existía un acuerdo entre Gual y la exalcaldesa de Maó para beneficiar a los menorquines. «Hay que ser de pata negra para ganar el concurso», se comenta en la conversación.
Berenguer tendrá que explicar por qué dijo eso en la grabación y si tiene constancia de la existencia de esas presiones. También sobre los criterios que valoró la comisión técnica a la hora de decidir.
Otro foco importante será la declaración de Dolores Ripoll. Los consejos de administración en los que se produjo la adjudicación de este contrato se produjeron en medio de fuertes tensiones y con el voto en contra de los dos vocales que representaban al Estado: el de Puertos del Estado y el abogado del Estado que representaba a la institución en el consejo.
Ambos se enfrentaron al criterio que sostenía Ripoll, que asistió a los encuentros como asesora jurídica. Según varios testigos fueron consejos calientes en los que Gual mostró su enfado por la posición de los representantes del Estado, contrarios a la adjudicación de Maó. El expresidente de la Autoritat tendrá que responder también sobre una serie de correos electrónicos en los que admitía que se sentía presionado para parar el concurso por parte de los empresarios menorquines y llegaba a decir que «quieren que prevarique».
La investigación judicial arrancó en abril de 2020 tras una querella de Anticorrupción, que llevaba meses investigando diversas denuncias en torno a la APB. El caso estalló en julio de ese mismo año con la detención de Gual, Plaza, Berenger y Parada para llevar a cabo un registro en la sede del organismo que se prolongó durante más de dos días. Esta operación del juzgado junto a la Guardia Civil detonó la salida de Gual de la presidencia. Desde entonces el grueso de la causa está a expensas de que termine el análisis de los miles de correos y mensajes incautados durante la operación.
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