El auto de la magistrada tiene también como personadas a dos empresas, Sernautic Balear y Portocolom Nautic S.L. como perjudicados. Ambas sociedades sostienen haber sufrido importantes pérdidas económicas al optar a esos concursos supuestamente amañados. La segunda mercantil reclama más de 36 millones de euros como responsabilidad civil. Sin embargo, la magistrada por ahora opta por no imponer ningún tipo de fianza a los acusados al no considerar suficientemente acreditada esa cantidad. En cualquier caso, responderían como responsables civiles subsidiarios la Autoritat Portuària y la administración del Estado.
El mismo auto oficializa el archivo de la causa para tres de los imputados contra los que no actuó la Fiscalía ni la acusación particular aunque la jueza sí los había procesado: José María Costa, Vicenç Fullana (delegado en Menorca de Autoridad Portuaria) y Javier Enriquez.
La acusación más amplia en el ‘caso Puertos’ es la de la Fiscalía. Reclama una condena de nueve años de prisión para Gual. También reclama juzgar a Juan Carlos Plaza, director de la APB, para quien pide una condena de cuatro años; al jefe de explotación de la entidad, Armando Parada, le reclama la misma condena, igual que al jefe de área de gestión, Fernando Berenguer, y el vicepresidente de la APB, Miguel Puigserver. Rafael Ruiz, vocal del consejo y alcalde de Eivissa, afronta una petición de tres años, al igual que el presidente del Club Náutico de Eivissa, Juan Marí Marí. Respecto a la trama de Menorca, acusa al representante de la asociación Asmen, Justo Saura Mercadal, expresidente de Pime en la Isla. Le pide una condena de tres años. Los otros cuatro acusados por esta parte de la acusación son Benito Reynés, Javier Mas, Marc Pons Pérez y Basilio Sastre, representantes de Marina Asmen. También pide una condena de cuatro años de prisión para la directora de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll.
La acusación pública y la particular sostienen que ambos concursos fueron amañados por presiones encabezadas por Gual para favorecer a licitadores locales frente a otras opciones. En concreto, sobre el Náutico de Eivissa, se basa en la inclusión de un criterio de arraigo para primar al club histórico frente a cualquier empresa privada. Además, plantea que se intentaron limitar las disensiones en el consejo de administración de la Autoritat. Buena parte de la causa descansa en la declaración de dos vocales opuestos a Gual.
El auto de apertura de juicio oral da ahora plazo a las defensas para que presenten sus conclusiones. Les da un plazo de dos meses. Después, la causa será enviada a la Audiencia Provincial para que señale fecha para juicio. Ante la complejidad de la causa y el elevado número de partes personadas, lo previsible es que sean necesarios meses para juzgarlo y que el señalamiento se pueda demorar mucho en el tiempo.
5 comentarios
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PitEXACTO !!! 👌👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Sea como sea, el simple hecho de estar " empapelados " estas dos perlas estan en entredicho y por lo tanto llevan colgado el cartel de " señalados "
La bruja Lola me dice que entre negociaciones con la fiscalía y las dilaciones indebidas, todo acabará en nada.
Cuando el responsable civil subsidiario sea el Estado, las penas de privación para los administradores deberían de ser altísimos, responder con parte de su patrimonio y la inhabilitacion de por vida (dependiendo del hecho y la cuantía económica). Así toda esta mafia de incompetentes se lo pensaría dos veces antes de acceder a un cargo público.
O sea que "responsable civil" el Estado, o sea nosotros pueblo llano. Todo es de risa.