La basura invade el polígono de Maó a la espera del permiso para instalar las cámaras de vigilancia

El incivismo continúa y los vertidos ilegales de restos y enseres viejos salpican la IV fase de Poima

Hierros, sofás, neveras, numerosos botes de pintura vacíos y bolsas de basura en el polígono de Maó.

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El ritmo al que avanza la suciedad causada por el incivismo en el Polígono Industrial de Maó (Poima) es mucho más rápido que el de la Administración, la instalación de las cámaras de vigilancia para controlar los vertidos ilegales todavía se tramita y, mientras tanto, numerosas parcelas, aceras y arcenes de la cuarta fase vuelven a ser basureros ilegales.

Electrodomésticos, cubos vacíos de pintura, abundantes restos de obras, muebles y colchones viejos, entre otros restos, se acumulan en terrenos del polígono comercial pese a que el Ayuntamiento inició una batería de medidas en septiembre del año pasado para erradicar estos comportamientos y limpiar la zona.

Algunos renuevan su mobiliario de jardín y lanzan el viejo a la vía pública.

El año pasado, según fuentes municipales, el Ayuntamiento tuvo que invertir 10.000 euros en limpiar los puntos negros donde se abandonan enseres en el polígono industrial, además del trabajo extra que supone para la empresa de recogida de objetos voluminosos.

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El alcalde de Maó, Héctor Pons, quien recorrió las zonas donde se acumulan vertidos hace unos meses, anunció la intención municipal de instalar cámaras de vigilancia como medida de control y disuasión ante una infracción que se repite, pero el sistema de videovigilancia aún no se ha podido poner en marcha. El Ayuntamiento informó ayer de que en septiembre de 2024 tramitó la solicitud ante la Delegación del Gobierno en Balears para poder instalar las cámaras, y que ahora presenta un informe justificando la necesidad de contar con esa medida por motivos medioambientales. De momento el trámite continúa.

Ropa usada, una nevera rota y otros trastos, muy cerca de la ‘deixalleria’.

Para la instalación de cámaras de vigilancia en espacios públicos, tales como calles y plazas, los ayuntamientos deben contar con la autorización previa de la Delegación del Gobierno, cumpliendo la normativa vigente, la Ley 4/1997 y el Real Decreto 596/1999 que regula el uso de videocámaras por las fuerzas de seguridad, para lo cual deben ser municipios que también cuenten con cuerpo policial.

Así las cosas, y visto que las campañas de concienciación y la recogida gratuita de enseres no dan sus frutos, el Consistorio aguarda los permisos para poder grabar a los que tiran residuos, una acción que puede costar hasta 3.000 euros de multa.

El apunte

Se han puesto 35 denuncias en lo que va de año, 13 en una semana

El 27 de marzo, con motivo del balance del canal de WhatsApp de la Policía Local, el Ayuntamiento informó de que se han puesto un total de 22 denuncias, desde principios de año, a otras tantas personas por desobedecer las normativas. La mayoría de esas sanciones correspondían al abandono de residuos en la vía pública, en lugares prohibidos, fuera de los contenedores y del horario que marca la recogida diaria. Pues bien, una semana después los policías ya han impuesto trece sanciones más por arrojar basura y objetos a la vía pública. En total, en lo que va de año, son ya 35 los denunciados por este motivo, pero a juzgar por el estado en el que se encuentra Poima, las multas no están siendo suficientes para frenar a los infractores, que prefieren tirar basura en el polígono pese a tener cerca la deixalleria.