El Gobierno sólo ha aprobado un indulto en cinco años para condenados de las Islas

La mayor parte de los indultos concedidos en las Islas en la última década, 13 de los 21, corresponde a condenados por tráfico de drogas y casi siempre se trata de penas por menudeo que no superaban los cinco años de cárcel y que habían llegado a juicio varios años después de que ocurrieran los hechos. Desde 2012 no se concede ninguna medida de gracia a delincuentes de ‘cuello blanco': un empresario autor de un fraude fiscal consiguió una rebaja de una condena que estaba situada en los dos años y medio y quedó situada en un año y medio, lo que permitía la suspensión. Se mantuvo la multa millonaria que tuvo que abonar. También ese mismo año fue perdonado un mando policial de un delito contra la integridad: se le revocó la inhabilitación.

En los últimos veinte años ningún gobierno ha exculpado a cargos públicos condenados por corrupción en la Isla. La última malversación que fue perdonada responde a una condena del año 1994 a un funcionario municipal que fue indultado cuatro años después y cuya sentencia estaba motivada en unos hechos ocurridos en el año 1988.

Ante los magros resultados, las peticiones de indulto tampoco son especialmente abundantes. Se suelen emplear como un argumento para suspender el ingreso en prisión. Jaume Matas lo intentó sin resultado tras su primera condena, por la que cumplió nueve meses: la Audiencia esperó en este caso a que el Gobierno se lo denegara. Ahora se plantea una petición para reducir la estancia en la cárcel de Josep Juan Cardona.
Las peticiones de indulto las resuelve el Ministerio de Justicia. Antes es obligatorio recabar informes tanto de la Fiscalía como del tribunal que dictó la sentencia condenatoria. En el caso de los tribunales del jurado, los propios miembros se pronuncian siempre sobre la conveniencia o no de la medida de gracia. Casi siempre se rechaza.

El primer indulto en cinco años en Baleares se publicó esta semana en el BOE. Afecta a un médico que trabajaba en el centro de salud de s'Arenal y que fue condenado en 2015 a dos años y medio de prisión por un delito de revelación de secretos: había entrado de forma sistemática en el historial médico de sus compañeros de trabajo sin su consentimiento. Esa condena obligaba a su ingreso en prisión. La decisión del Gobierno se la rebaja a la mitad, lo que permite que pueda acceder a una suspensión de la pena.