Cs pide a los altos cargos del Govern balear que renuncien al plus de 22.000 euros

«Por responsabilidad y dada la coyuntura económica, pedimos a los representantes del Govern que renuncien a esta indemnización», afirmó la diputada de Cs en el Parlament Patricia Guasp. La formación naranja registró ayer una proposición no de ley en la Cámara balear en la que, además de la renuncia a este plus, se propone que no lo cobren quienes vienen de la península, aunque sí se mantenga para los altos cargos que tienen su residencia en Eivissa, Formentera y Menorca.

En la proposición presentada ayer, se pide además que el Govern revise la idoneidad de esta indemnización, que en su opinión sí deben cobrar menorquines e ibicencos.

Un estudio

Como paso previo, Cs cree que debe estudiarse si es adecuado pagar una indemnización de 22.000 euros que no requiere de ningún tipo de justificación o si bien conviene pagar dietas que deban justificar los altos cargos. En cualquier caso, consideran que la cuantía debe reducirse si finalmente se opta por no cambiar el modelo actual.

Cs quiere que se haga un control más exhaustivo de este pago ya que en la actualidad es suficiente con acreditar la residencia mediante una declaración de la persona interesada y un certificado de empadronamiento.

Transparencia

La proposición no de ley también insta al Govern a incorporar la percepción de esta indemnización en el Portal de Transparencia con el objetivo de que este complemento figure junto al sueldo, algo que ahora mismo no sucede.

El Portal de Transparencia solo informa de los sueldos de los consellers que constan en la Ley de Presupuestos, pero no los complementos.

La petición: que el complemento lo pague el REB

Una de las propuestas singulares que incorpora la proposición no de ley de Ciudadanos es que el Govern negocie con el Gobierno de Pedro Sánchez que esta indemnización por desplazamiento se incluya en el Régimen Especial de Balears (REB), que se tiene que desplegar a partir de este año.

Los representantes de Cs consideran que esta indemnización supone un agravio comparativo para otros funcionarios del Estado.