El Pacte acabará la legislatura sin aprobar hasta 7 impuestos ambientales en estudio

No habrá más impuestos, pero eso no significa que los partidos de izquierdas no hayan estudiado la posibilidad de crear hasta siete nuevas figuras impositivas, según recogen documentos internos del Pacte.

Uno de los ya conocidos era la creación de un impuesto para los coches de alquiler, que quedó descartado en los Presupuestos de 2018, pero hay más. Los documentos internos del Pacte recogen, de hecho, otras seis posibles figuras tributarias: el impuesto sobre las emisiones de gases y partículas a la atmósfera producida por la aviación comercial; un impuesto sobre las redes eléctricas aéreas; un nuevo tributo sobre las emisiones de elementos contaminantes a la atmósfera; uno sobre la provisión de contenidos por parte de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y de la difusión de la cultura digital; un impuesto sobre las bebidas azucaradas y un canon sobre la disposición del rechazo en los residuos, una vez separada la fracción orgánica.

Algunas de estas figuras fiscales sobre las que ha trabajado el Pacte ya están en vigor en otras comunidades autónomas. En Cataluña, por ejemplo, existe el impuesto a las emisiones de la aviación comercial, que, en caso de haberse creado en Baleares, podría haber reportado un importante volumen de ingresos económicos a tenor del espectacular aumento de vuelos con llegada o salida en las Islas de estos años. El año pasado, solo en Son Sant Joan, se registraron 208.787 operaciones, un 5,6 por ciento más que el año anterior. A ellas hay que sumar las de Eivissa y Menorca.

Otra medida que está en vigor en Cataluña es el impuesto sobre las bebidas azucaradas mientras que en La Rioja existe uno muy similar a una de las propuestas del Govern ya que tiene un impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas. El impuesto a las operadoras de contenidos digitales de Cataluña fue recurrido al Constitucional.