El juez mantiene la fianza de 50 millones para los acusados en el ‘caso Mar Blau’

Registro en la sede de Autoritat Portuària en el año 2010.

Víctor MalagónPalma15/11/17 4:01
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El juez mantiene la fianza de 50 millones de euros contra los trece imputados en el 'caso Mar Blau' por el amaño de concursos de adjudicación de amarres por parte de la Autoritat Portuària de Balears. El instructor del caso, que ya tiene abierto juicio oral, ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por las defensas contra la caución. Los principales acusados en esta causa, que está pendiente de llegar a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, son el expresidente del organismo público, Francesc Triay y el exdirector, Ángel de Matías, además del exprsidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Lo abultado de la fianza, que tienen que abonar de forma conjunta y solidaria cada uno de los acusados, ha provocado que el juzgado ejecute varios embargos en bienes de éstos, si bien, una de las empresas implicadas como responsable civil ha hecho frente a la mayor parte del dinero.

La Fiscalía reclama penas de tres años y medio de cárcel para Díaz Ferrán; diez para Francesc Triay, y trece y ocho meses para Ángel de Matías. El ministerio público sostiene que existieron irregularidades en cinco procedimientos públicos y que los responsables de Port recibieron favores y dádivas a cambio. La empresa de Díaz Ferrán, Trapsa Yates tiene un especial protagonismo en la causa. Esta empresa se había presentado a un concurso para obtener una serie de amarres en Menorca. Los responsables de puertos querían adjudicar el proyecto a otra mercantil y, según la Fiscalía, plantearon a Tragsa que, si abandonaba el concurso de Menorca, sería compensado con otro en el puerto de Ibiza.

La acusación también sostiene que, después de que los tribunales anularan una adjudicación en la Savina de Formentera porque se había producido de forma irregular, los responsables de la empresa pública decidieron compensar con cuatro millones de euros de forma arbitraria esta anulación. La Autoritat Portuària se ha personado en la causa para reclamar posibles daños por la gestión de los encausados. Las defensas estudian recurrir ante la Audiencia la fianza millonaria.