El organismo estatal, que inició la investigación hace casi tres años, acusa a cerca de 40 empresas del sector y a la Federación Balear de Transportes (FEBT) de pactar el reparto del transporte escolar en las Islas y de haber recomendado y difundido tarifas de las excursiones y traslados de transporte discrecional en Mallorca.
Así consta en la resolución de Competencia del pasado 9 de marzo y que la mayoría de empresas afectadas ya han anunciado que van a recurrir ante la Audiencia Nacional, según comunicó ayer la patronal. En su opinión, la decisión del organismo estatal «parte de un desconocimiento de la realidad y coyuntura insular de las empresas de transporte de las Islas y no está en absoluto fundada».
En cuanto al reparto del transporte escolar, la Federación considera que la CNMC «no ha probado ni la cooperación de la patronal, ni tampoco el cártel» y lamenta que Competencia «no haya tenido en absoluto en cuenta las particularidades del sector del transporte en Balears, fuertemente marcado por la insularidad. Son estas particularidades, y no un cártel, las que explican que las empresas, en las licitaciones del transporte escolar en Baleares, sólo encuentren rentabilidad en las rutas de su área y, por lo tanto, se limiten generalmente a realizar estas ofertas».
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