En un auto dictado este miércoles, el titular del juzgado de instrucción 3 de Palma, determina la existencia de indicios suficientes para juzgar por prevaricación, falsedad y fraude a Matas y Rodríguez, así como a Daniel Mercado, dueño de la empresa de publicidad Over Marketing, y a la secretaria general técnica de la Conselleria de Interior con Rodríguez, María Luisa de Miguel.
La decisión de Castro se produce después de que el pasado lunes la Fiscalía Anticorrupción presentara su escrito de acusación sobre esta causa, la subpieza 3 de la pieza del caso Palma Arena conocida como caso Over.
El instructor establece en su resolución, a petición de la acusación pública, que los cuatro acusados deberán abonar de forma solidaria una fianza de responsabilidad pecuniaria de 24.000 euros en el plazo de 24 horas. En caso de no hacerlo se embargarán vienes de su propiedad para cubrir dicha cuantía.
La Fiscalía solicita para Matas y Rodríguez sendas penas de 5 años de prisión, la misma que reclama para la exsecretaria general técnica como cooperadora necesaria, mientras para Mercado pide una condena de 1 año de cárcel porque, aunque le atribuye los mismos delitos, colaboró en la investigación confesando los hechos.
En el escrito de acusación, el fiscal sitúa los hechos, que se refieren estrictamente a dos contratos presuntamente ilegales de Interior con empresas del grupo Over Marketing, en el contexto del pago de deudas por trabajos electorales realizados al margen de la contabilidad oficial del PP declarada a los órganos de fiscalización.
Relata que para las elecciones autonómicas de 2007, el gerente del PP y cuñado de Matas, Fernando Areal, pagó a Daniel Mercado casi 72.000 euros en dinero negro por servicios publicitarios preelectorales, como confesó el propio Areal en el juicio de la pieza separada 4 del caso Palma Arena.
En total, en aquella campaña, según la Fiscalía, el PP abonó «en B» unos 181.000 euros al dueño de Over Maketing, quien en la de 2003 también realizó trabajos electorales no declarados por los que cobró en dinero negro unos 24.000 euros.
Todas estas acciones «no pueden ser objeto de acusación dada la figura de la prescripción que, en el presente caso, es de tres años», resalta el acusador público.
Los hechos por los que sí acusa a Matas, Rodríguez, Mercado y De Miguel se produjeron tras la campaña electoral de 2003, cuando el empresario de la publicidad, animado por el entonces presidente autonómico, abrió delegación en Palma y reclamó compensaciones por los 80.000 euros que no había cobrado por sus trabajos para el PP, según ha confesado él mismo ante el instructor y el fiscal.
El propio Matas, sostiene la Fiscalía, acordó con Mercado esa fórmula de compensación, que en el ámbito de la Conselleria de Interior se materializó en dos contratos por un importe conjunto de 20.880 euros para diseñar una campaña de promoción de la oferta pública de empleo y crear la imagen de la policía turística balear, trabajos que en realidad no se realizaron.
La Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares está personada también en la causa como acusación y atribuye a los imputados los mismos delitos que Anticorrupción.
Las defensas tienen veinte días para presentar sus escritos de cara a la celebración del juicio, que celebrará la Audiencia de Palma.
Jaume Matas, que estuvo preso por la primera pieza juzgada del caso Palma Arena y sobre el que pesa otra condena firme por corrupción, está pendiente de sentencia por el caso Nóos, en cuyo juicio la Fiscalía pidió para él 5 años de cárcel y la acusación popular 11.
1 comentario
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Que devuelvan el dinero, y los politicos del pp que los an apoyado hasta el ultino monento, por lo menos que pidan perdon, amen,