Tras su aprobación, este proyecto impulsado por la Conselleria de Servicios Sociales iniciará el proceso de tramitación en el Parlament balear.
El texto define por primera vez las competencias de cada institución de las Islas Baleares en este ámbito, establece y define las competencias que deben tener todas las instituciones en materia de igualdad, fija prohibiciones y sanciones que van desde los 3.000 euros hasta los 90.000 por infringir la normativa en materia de igualdad de oportunidades, e incluye la creación de nuevas figuras como el Observatorio de la Igualdad o el defensor o defensora de la Igualdad de Mujeres y Hombres.
El texto ha sido presentado a un centenar de asociaciones y cuenta con el informe favorable del consejo rector del Instituto Balear de la Mujer (IBdona).
Con esta ley se considera que hay violencia cuando no se pague la pensión de alimentos de manera voluntaria, como manera de seguir controlando y maltratando económicamente la mujer.
La norma reconoce a las víctimas de esta violencia económica el derecho de acceder a las mismas ayudas y prestaciones que las víctimas de agresiones físicas o psicológicas.
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