El fiscal denuncia que Cort y sindicatos amparan torturas de la Policía Local

En su informe final en el juicio contra cuatro policías acusados de torturar o permitir las agresiones a un detenido ebrio y sujeto con esposas a una silla en mayo de 2011, Subirán ha hecho «una llamada de atención a todo el acuartelamiento de San Fernando», sede del cuerpo de seguridad municipal, para que se tomen «cartas en el asunto».

El fiscal ha considerado lógico plantearse si las agresiones a detenidos son habituales dada la pasividad de los policías presentes ante las patadas de su compañero y ha reprochado severamente a los sucesivos máximos responsables de la Policía Local que mantuvieran en sus funciones al presunto autor del ataque pese a que había un vídeo que probaba lo que había hecho.

Tanto los compañeros como los responsables sindicales ampararon a los acusados «por corporativismo, porque así se ven más fuertes, porque saben que así lo pueden seguir haciendo», ha incidido Subirán, que también es el fiscal encargado de la investigación, declarada secreta, sobre corrupción en la Policía Local de Palma.

Ha responsabilizado expresamente a los tres últimos jefes del cuerpo policial, Nicolás Herrero, Antoni Vera, y Joan Mut, de la falta de medidas internas para apartar al principal acusado de tareas de custodia de detenidos dada la evidencia de que había agredido a la víctima de este caso.

Además, Subirán ha dicho que ese agente tiene rango de oficial «gracias» al amaño de exámenes internos que está siendo investigado por el juzgado de instrucción 12 de Palma y en el que también está imputado el citado Vera.

El fiscal ha aludido igualmente a la responsabilidad de los sindicatos, porque «tenían conocimiento de estos hechos» y «participaron en ocultar y evitar que esto se investigara», y ha lamentado la «protección especialísima» que policías involucrados en actuaciones presuntamente corruptas han recibido «desde el Ajuntament».

«Que no vuelvan a ponerle el uniforme a estos señores. ¿Cómo es posible qué esto ocurra? ¿Dónde está responsabilidad de este Ajuntament?», ha manifestado.

En el escrito de conclusiones definitivas, la Fiscalía pide una condena total de 5 años de prisión para A.G.M., autor de los golpes al detenido, por un delito de torturas y contra la integridad moral y otro de lesiones.

Para el oficial responsable del arrestado, C.V.P., solicita una pena de 2 años de cárcel por torturas porque considera que al no intervenir y apartar la cámara de vídeo de control consintió activamente «que el otro pegara más agusto». De forma subsidiaria, pide 1 año de prisión como autor del delito de torturas por omisión.

El fiscal también atribuye este último delito a cada uno de los dos acusados restantes, S.L.G.F. y J.M.G., que estuvieron presentes en la sala del cuartel de San Fernando en el momento en el que A.G.M. pegó al detenido y pide, por otro lado, que se investigue a un quinto agente que en la grabación que sirve de prueba principal da un puñetazo a la víctima.

Subirán ha subrayado su convencimiento de que, más allá de lo que se aprecia en el vídeo, el hombre, detenido en estado ebrio en la noche del 25 de mayo de 2011 por un incidente de tráfico, fue agredido de forma gratuita mientras estaba maniatado y se atentó gravemente contra su dignidad.

Con vehemencia, el fiscal ha apelado a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Constitución para enfatizar que «la dignidad humana es pareja al derecho a la vida», y la de la víctima de los agentes juzgados fue atacada de forma flagrante. «Era presa fácil», ha subrayado tras destacar su convicción de que los policías no hubieran tratado igual a alguien «con traje y corbata».

Ha recalcado que ninguno de los acusados respondió a las preguntas de la Fiscalía en las sesiones precedentes del juicio, que ha sufrido sucesivos retrasos, y ha incidido asimismo en que «iban armados hasta los dientes» y que el agresor solo han admitido alguna culpa al sentirse acorralado por la evidencia del vídeo.

La defensa del principal acusado ha destacado respecto al vídeo que fue la confesión de su cliente ante sus superiores lo que permitió la conservación de las imágenes. Este letrado ha planteado que la agresión debe ser considerada una falta y que a su defendido se le apliquen las atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas.

Los otros tres abogados defensores han reclamado la absolución de sus representados con el argumento principal de que nada pudieron hacer por evitar una agresión que se produjo de manera sorpresiva y repentina.

El juicio ha quedado visto para sentencia.