El magistrado le impone además una fianza de responsabilidad civil de 20.000 euros. Mientras tanto, Castro ha archivado los delitos que pesaban sobre él de malversación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, al tiempo que ha sobreseído la causa para el administrador de la empresa de publicidad Nimbus, Miguel Romero.
Las pesquisas apuntan a que la formación 'popular', al haber superado los gastos electorales para los comicios de 2007, pagó en negro 72.000 euros a Nimbus por organizar parte de la campaña del partido, sin que estos pagos quedasen reflejados en la contabilidad oficial del PP.
De hecho, en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña electoral, hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.
El propio Miquel Romero reconoció que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas partidas por cuñas publicitarias de la campaña al objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera que tales gastos habían sido ocultados a la Sindicatura de Comptes, llegándose a cifrar en 71.958 euros.
Unos extremos que también fueron advertidos por los empleados de la empresa publicitaria encargados del correspondiente negociado.
En el marco de esta pieza también se ha investigado el pago de tres facturas por servicios prestados en el mitin que el PP celebró precisamente en el velódromo Palma Arena el 18 de mayo de 2007 y que, según los investigadores, fueron pagadas por la Fundació Illesport y, por tanto, abonadas con fondos públicos.
En uno de los autos dictados durante la instrucción de la causa, Castro alude asimismo a diversas facturas emitidas por las empresas del grupo Nimbus contra organismos públicos, entre las que figura una factura de la entidad Romero y Compañía S.L., de 8.782 euros y cargada a la Conselleria de Vicepresidente por la 'fabricación e instalación de la señalítica del parking de la Avenida Uruguay', y otra de la misma mercantil por valor de 10.344 euros en concepto de 'impresión de ocho lonas de tribuna con el logotipo del Govern'.
En este sentido, el magistrado apuntaba a que ninguna de esas facturas responde a servicios realmente prestados por Nimbus, siendo facturas supuestamente falsas que encubren el pago de servicios particulares realizados por esta sociedad para el PP con ocasión de las elecciones de 2007.
Se da la circunstancia de que el Juzgado dio por extraviada esta pieza en septiembre de 2013, si bien la Guardia Civil comunicó que la tenía en su poder para poder utilizarla en el avance de estas pesquisas, compuestas por más de 390 folios.
Areal
Areal se encuentra imputado asimismo en otra pieza (la 27) del caso Palma Arena por supuesta financiación irregular, considerada además la ramificación balear de la trama Gürtel. Se trata de la relacionada con la mercantil Over Marketing, cuyo administrador, Daniel Mercado, declaró haber pactado con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales de las que se encargó en dinero opaco al fisco.
Mercado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
De hecho, explicó cómo Areal establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue el presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, también imputado, quien efectuó el pago de dinero negro en las antiguas oficinas del partido. "Pero el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones", apuntó Mercado.
Sede del PP
Del mismo modo, Castro investiga en otra pieza (la número 28) el coste de la reforma de la sede del PP, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas (2003-2007).
Un constructor interrogado en su día por el juez, Juan Serra, reconoció haber recibido dinero negro en la sede del partido, de cuya reforma se encargó: hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de Areal.
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