A preguntas de los periodistas, el juez ha manifestado que la resolución del CGPJ era «esperable» y «se ajusta a unas normas», al igual que el informe no vinculante que previamente había emitido la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que señalaba que la petición del magistrado no se adecuaba a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ).
Unas normas que, ha apostillado, «no alcanzo a comprender», si bien ha recalcado que se trata de «una decisión legal».
En esta línea, inquirido a su llegada a los Juzgados de Vía Alemania sobre si le dará tiempo concluir la causa antes de diciembre, ha señalado que así lo intentará pero que no cree que pueda poner fin «a todo».
En concreto, tras más de cuatro años volcado en la instrucción del caso Nóos, Castro tiene pendientes de finalizar veinte de las 28 piezas en que fue desgajado el caso Palma Arena, centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Jaume Matas.
Castro había solicitado ser nombrado magistrado emérito una vez se produzca su jubilación forzosa a fin de concluir la causa, la última de cuyas piezas fue recientemente incoada con el objetivo de investigar la compra y reforma de la sede del PP balear, que habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas (2003-2007).
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