La Asamblea de Docentes ha registrado en la Cámara balear un total de 23 preguntas sobre educación para que algún grupo parlamentario se las formule en su nombre a la consejera de Educación, Cultura y Universidades, Joana Maria Camps, después de que ésta no les haya contestado a una instancia con estas mismas cuestiones que le presentaron hace tres semanas.
En declaraciones a los medios de comunicación tras registrar las preguntas, uno de los portavoces de la Asamblea, Marcellí Guerrero, ha explicado que estas 23 cuestiones hacen referencia tanto a los «puntos oscuros» de los diferentes expedientes abiertos a directores, como a otras materias generales.
En este sentido, ha señalado que una de las preguntas recogidas es para que la consejera explique los motivos por los cuales desde su nombramiento «obedece fielmente a las instrucciones dictadas por un grupo radical» y si «tiene miedo de acabar como su predecesor en el cargo», Rafael Bosch.
La consellera, dominada
«Esta misma organización pidió la destitución del anterior conseller y desde que está el nuevo equipo le hace caso incluso en las cuestiones programáticas. Todas las normativas educativas provienen del programa de la misma formación, no del PP», ha dicho Guerrero antes de asegurar que la Conselleria «está dominada por un grupúsculo radical». «No sólo ha perdido el control, también el sentido común», ha manifestado en relación al departamento de Camps.
Según la Asamblea de Docentes, el equipo dirigente de la Conselleria se encuentra «dominado por una entidad extraparlamentaria» por lo que, en lugar de escuchar a padres y docentes para solucionar el conflicto educativo, «satisface todas las reclamaciones que le hacen ciertas entidades poco representativas con las que ha mantenido continuas reuniones desde su nombramiento».
En relación a este «grupúsculo», Guerrero ha señalado que «tiene nombres y apellidos, y un blog», así como «mucho interés en imponer la lengua balear en los libros de texto».
Con las 23 preguntas la Asamblea pretende inducir a la reflexión sobre materias diversas como la reparación de los perjuicios económicos, morales y personales a los expedientados o la inoportunidad de iniciar acciones disciplinarias en una situación de conflicto.
Además, han hecho hincapié en la necesidad de llamar la atención sobre unos «métodos incompatibles con el sistema democrático» como la «criminalización» del colectivo docente, la utilización del «lenguaje del miedo» para resolver conflictos, o la inducción al «enfrentamiento civil, invitando a los ciudadanos a delatarse entre sí».
En este sentido, el portavoz ha mostrado su preocupación por el hecho de que la Conselleria «utilice a los menores como confidentes de la administración para que hagan de espías a sus profesores».
Campaña de acoso al profesorado
Con algunas de estas preguntas los profesores quieren saber, por ejemplo, si el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, es el «instigador y organizador de la campaña de acoso al profesorado» o si Camps es consciente de que está «amargando la existencia y destrozando la reputación de personas honradas».
También desean conocer si tienen credibilidad las denuncias instigadas por «un grupúsculo radical obsesionado por la persecución activa de los docentes», qué bases fundamentan los cargos del expediente contra el director del IES de Marratxí, Jaume March, o cómo se explica que los denunciantes conociesen la activación del expediente días antes que el propio denunciado.
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