Normativa turística y realidad económica

Con esto se quiere evitar, según su justificación, los efectos que la saturación turística pueda tener sobre el territorio, las infraestructuras y el medio ambiente. Se pretende también justificar que limitar la cantidad de plazas turísticas mejora la calidad de la oferta. En segundo lugar, con esta normativa se pretende mejorar las condiciones de acceso al alquiler de las viviendas para residentes de manera que haya oferta y precios reducidos para estas y en caso de que haya dificultades se puedan tomar medidas de emergencia como suspender la comercialización turística. No se concretan ayudas al alquiler, ni parque de viviendas públicas. Tampoco se hace un estudio económico de los efectos que tendría sobre las Islas ni a quiénes beneficiaría y a quiénes perjudicaría.

¿Puede el Boletín Oficial cambiar la realidad económica? Y en su caso, ¿las medidas que se toman van a tener los resultados que se pretenden? ¿Tiene la comunidad autónoma capacidad y recursos para implementar esas medidas? En la historia económica hay multitud de ejemplos que indican que decisiones públicas bien intencionadas, o por presiones de los lobbies, provocan efectos secundarios muy negativos sin lograr los objetivos que se pretenden. Distorsiones en los mercados que perjudican a una parte de la población, propician más monopolio y menos competencia, degradan el parque inmobiliario, favorecen la economía sumergida. Todo eso y mucho más podría pasar al aplicar esta normativa. Todo depende de las reacciones individuales y colectivas de la población y de los inversores. Muchas veces los legisladores ignoran los efectos últimos de sus medidas. La fuerza de la demanda puede dar lugar a un resultado muy diferente de lo que pretende el legislador. Veamos el caso concreto de esta nueva normativa turística.

Respecto al techo de plazas (635 mil en baleares 112 mil para Eivissa) y con la idea de irlas reduciendo, el Gobierno balear ha establecido una barrera absoluta a nuevas empresas hoteleras, lo que provocará mayores precios en el sector y una menor ocupación, además de beneficiar a las empresas que ya están instaladas, limitando la competencia, lo que genera una posición monopolística y menor incentivo a reinvertir y mejorar y por lo tanto a una mejor calidad. En cuanto al alquiler de viviendas, la prohibición perjudicará a la población que en un 80% es propietaria, y especialmente a la clase media de las Islas que ha salido adelante en esta crisis gracias al complemento de los ingresos del alquiler vacacional.

Si esta normativa se cumpliera con efectividad, supondría una expulsión del mercado del alquiler turístico a las familias, o el riesgo de seguir en la economía sumergida ya que la presión de la demanda en viviendas particulares es muy grande (se calculan actualmente 50.000 plazas en Eivissa, 20.000 en Formentera y 135.000 en Mallorca).

En cuanto a poder conseguir un mercado privado de alquiler residencial a precios bajos, es una utopía tal como está el mercado. Puede que algunos propietarios se asusten por las cuantías de las multas y alquilen por temporada o todo el año, pero sería a precios equivalentes al turístico, asumiendo el inconveniente del gasto adicional por el posible mal uso de la vivienda, el que la realquilen los inquilinos en el mercado turístico y el riesgo de impago sin poderlos echar.

Si se eliminan los alquileres turísticos de particulares, muchas pequeñas empresas, bares, restaurantes y comercios tendrán que cerrar y no necesitarán traer trabajadores si no tienen clientes. Se pueden encontrar mejores soluciones. No es tiempo de prohibiciones sino de regular con proporcionalidad y, como veremos en próximos artículos, hay medidas más eficaces para evitar o paliar los efectos más negativos del turismo. La guerra de la normativa turística contra la economía digital la tiene perdida de antemano.