En la jornada 28 del juicio que celebra la Audiencia Nacional las defensas han seguido este jueves emitiendo sus informes finales, entre ellos el letrado de uno de los 43 acusados, Jaime A.B. -para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por tráfico de drogas y blanqueo de capitales-, que tras decir que la Policía ha mentido en esta causa ha pedido la absolución de su representado.
«Hay cuatro o cinco policías que han visto la oportunidad de su vida haciendo un seguimiento a una persona que daban por hecho que tarde o temprano iba a delinquir -en referencia a Sito Miñanco- y se han llevado por delante a todo el que se acercaba a él o les hacía falta, en el caso de mi cliente para justificar la supuesta construcción de narcolanchas que luego han desmentido», ha comentado.
Y ha añadido: «Creemos que este tipo de actuaciones de tratar de muñir fortuna o fama a cuenta de terceros a cualquier precio con juego sucio harían buena una frase de un político español -en referencia al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy-, que sería 'cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político'».
Sito Miñanco se enfrenta a una petición de 31 años y seis meses de prisión de la Fiscalía, que le acusa de intentar introducir en España en 2017 casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultar más de 11 millones de euros y blanquear dinero. También está siendo juzgado Gonzalo Boye, el conocido letrado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial, por los que se enfrenta a una petición de los fiscales de nueve años y nueve meses de cárcel.
La investigación fue llevada a cabo entre 2016 y 2018 cuando Sito Miñanco residía en Algeciras (Cádiz), donde terminaba de cumplir en régimen abierto una condena por otra causa de narcotráfico. En el transcurso de las pesquisas, las fuerzas de seguridad abordaron el 2 de octubre de 2017 en alta mar, a la altura de las Azores, el buque Thoran, en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína que la organización de Sito Miñanco había comprado supuestamente a redes colombianas, según la Fiscalía, y el 9 de noviembre siguiente fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en Países Bajos. La Fiscalía pide ocho años y nueve meses de prisión para Claudia Viviana D.G. por blanqueo de capitales y falsificación en documento mercantil.
Los fiscales antidroga mantienen que era administradora de la empresa de alquiler y venta de vehículos Vicmar «pese a que el verdadero propietario era Prado Bugallo, una mercantil sin actividad real que permitía a este ocultar el dinero resultante de la venta de droga, simulando contratos de alquiler a través de facturas falsas, al tiempo que le ofrecía la posibilidad de disponer de coches». En su informe final el letrado de Claudia Viviana D.G. ha pedido su absolución y ha estimado que su defendida «está aquí por haber sido compañera sentimental de José Ramón Prado Bugallo, al que al parecer le preside la presunción de culpabilidad en lugar de la de inocencia».
Ha alegado que en Vicmar eran administradoras Claudia Viviana D.G. y otra mujer que no es juzgada y que era esta última la encargada realmente de todas las gestiones de la empresa sin que se haya probado que el dueño de la misma fuera Sito Miñanco. El abogado ha añadido que se ha acreditado que la sociedad tenía una actividad real, que en las cuentas de su defendida no se ha apreciado un incremento patrimonial desproporcionado y que en una figuraba como persona autorizada Sito Miñanco porque era su pareja y para que pudiera de disponer de fondos.
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