La Audiencia Nacional ha iniciado este martes en el juicio la declaración de los 45 acusados, entre ellos Sito Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por tráfico de drogas, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero a través de diversas empresas. «Soy totalmente inocente», ha asegurado Sito Miñanco, que ha calificado de «mentira» el contenido del escrito de acusación de la Fiscalía.
«El fiscal dice 314 veces que trafiqué con drogas pero no ubica la venta de un solo gramo», ha abundado para asegurar que en la época de los hechos se dedicaba a gestionar aparcamientos y vender teléfonos móviles encriptados, embarcaciones y motores. Sito Miñanco ha recordado que tras pasar más de treinta años en prisión en 2016 se encontraba terminando de cumplir una sentencia por otra causa relacionada con el narcotráfico en régimen abierto en un centro de Algeciras (Cádiz), donde residía y donde a comenzó a trabajar como encargado de zona de una empresa que gestionaba aparcamientos.
Ha explicado que sus desplazamientos desde Algeciras a Chiclana (Cádiz) y a las localidades malagueñas de Marbella y Torremolinos se debían a la recaudación de dinero de aparcamientos de la empresa para la que trabajaba y no para preparar operaciones de narcotráfico. Prado Bugallo ha añadido que además se dedicaba a vender teléfonos y que en un momento determinado le presentaron al holandés Raymond V.R., otro de los acusados en esta causa, con quien comenzó a vender móviles encriptados que les proporcionó importantes ingresos ya que cada uno costaba unos 2.000 euros.
«Si el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa hubieran tenido teléfonos encriptados no les habría pasado lo que la prensa dice que les pasó», ha comentado Sito Miñanco en referencia al supuesto espionaje que investiga la Audiencia Nacional. Igualmente ha señalado que aprovechando sus contactos en Galicia vendió cuando estaba en Algeciras motores fueraborda y embarcaciones semirrígidas pero no para ser utilizadas para el narcotráfico sino para pesca submarina, avistamiento de ballenas y delfines o para abastecer a otros barcos. Pero ha negado que tenga relación con unos astilleros de Cambados (Pontevedra), en los que según el fiscal la organización supuestamente dirigida por Sito Miñanco fabricaba embarcaciones para el tráfico de drogas.
Durante las pesquisas el 6 de febrero de 2017 les fueron confiscados en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas casi 900.000 euros a Manuel G.R. y otros cuatro acusados que trataban de transportar el dinero a Colombia en varias maletas, según mantiene la Fiscalía. Posteriormente fue abordado el 2 de octubre de 2017 en alta mar a la altura de Las Azores por las fuerzas de seguridad el buque Thoran en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína que la organización había comprado supuestamente a redes colombianas, y el 9 de noviembre siguiente fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en Países Bajos.
Sito Miñanco ha asegurado que no intervino en ninguna de esas operaciones y ha recalcado; «No supervisé ninguna infraestructura ni di instrucciones en ninguna organización de tráfico de drogas, eso sale de la imaginación del fiscal». Ha reconocido que se desplazó en varias ocasiones a una nave de Colmenar Viejo para celebrar cenas y fiestas varios amigos de Galicia, entre ellos el también acusado Luis Enrique García Arango, pero ha insistido en que eso viajes no fueron para coordinar el transporte de la droga en el buque Thoran.
En cuanto a un hueco que fue encontrado en uno de los coches que utilizaba ha reconocido que se trata de una «caleta» pero no para ocultar droga o dinero sino para transportar los teléfonos móviles que vendía. Y ha mantenido que las reuniones con Raymonf V.R. no fueron para preparar el alijo de la droga sino con motivo del negocio de los teléfonos móviles y ha negado que tras la caída del buque Thoran preparara otras operaciones de narcotráfico. Igualmente ha negado que coordinara el transporte de dinero en efectivo a Colombia mediante 'correos humanos' y ha dicho que el confiscado en el aeropuerto de Madrid-Barajas no era suyo y que no sabe nade de las gestiones que se realizaron para intentar recuperarlo.
Entre los acusados en este juicio se encuentra también Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial. Gonzalo Boye, que llevó la defensa de Sito Miñanco en otros procedimientos, está acusado de ayudar a elaborar documentos falsos para justificar la procedencia de los casi 900.000 euros confiscados en el aeropuerto madrileño. Su defensa argumenta que estas acusaciones son infundadas y que su única participación fue de asesoramiento legal. En la jornada de este martes también han declarado Luis Enrique García Arango y David Pérez Lago, ya condenados en otras causas de narcotráfico, consideradas personas de confianza de Sito Miñanco por la Fiscalía, que pide para ellos 22 y 18 años de prisión, respectivamente, y que han negado su participación en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
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